15 de octubre de 2012

Comunicado contra la criminalización de la protesta: Citan a indagatoria a los detenidos por la gendarmería en campo de mayo

Difundimos: (por Liberpueblo)

SÁBADO, 13 DE OCTUBRE DE 2012

CITAN A INDAGATORIA A LOS DETENIDOS EN CAMPO DE MAYO POR GENDARMERIA

La Dra. Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal de San Isidro N° 1, resolvió citar a indagatoria a 59 de los detenidos ilegalmente por orden del Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, acusándolos del delito de corte de ruta previsto en el art. 194 del Código Penal.

Asimismo ordenó inscribir a los 9 menores detenidos en el registro de menores judicializados, ordenando también que se realicen informes socio-ambientales respecto de las condiciones de los menores, como una forma más de humillar a las familias más pobres de la zona norte del conurbano.

Esta causa se inició el día 30 de agosto de 2012 cuando luego de que trabajadores del plan Argentina Trabaja se manifestaran reclamando que se les abonara el aumento dispuesto por parte del Gobierno Nacional, quien había aumentado la retribución de los beneficiarios del Plan sólo en los municipios alineados con el FPV.

Luego de ser reprimidos por la Gendarmería, quien detuvo durante la represión a 4 trabajadores, un grupo de manifestantes subió a 4 colectivos que se encontraban en el lugar para regresar a sus hogares. En dichos micros se encontraban en su mayoría personas mayores, mujeres y niños. El resto de los manifestantes reclamaban la liberación de los primeros detenidos.
En ese momento Sergio Berni (Secretario de Seguridad de la Nación, presente en el lugar) ordenó tomar por asalto los cuatro micros y detener a todos sus ocupantes. Así los gendarmes armados subieron a los micros amenazaron a sus ocupantes y tomaron el volante de los mismos.

Destino: CAMPO DE MAYO.

Así por orden directa de Sergio Berni llevaron a 67 personas (en su mayoría personas mayores, mujeres y 9 menores, desde un niño de 2 años hasta chica de 15, pasando por una niña de 4 años, entre otros) a la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales que se encuentra ubicada dentro del Regimiento del Ejercito de Campo de Mayo, que fuera durante la última dictadura militar uno de los más grandes y sanguinarios centros clandestinos de detención del país.

La Unidad de Gendarmería de Campo de Mayo, es tristemente famosa a raíz del Proyecto X, cuando salieron a la luz las tareas de inteligencia que realizaban sobre los trabajadores de Kraft durante el conflicto del 2009.

Esta Unidad no cuenta con una dependencia para alojar detenidos, de manera que los 67 debieron soportar su detención dentro de los micros durante más de 20 horas, en condiciones de hacinamiento que vulneran el art. 18 de la Constitución Nacional.

Sobre las 20 horas durante las cuales estuvieron ilegalmente detenidos resulta revelador el testimonio de Sandra, quien fue una de las 67 detenidas: “nos mantuvieron incomunicados dentro los micros, con gendarmes afuera y adentro. Nunca nos dijeron adónde nos llevaban. Nos dimos cuenta cuando estuvimos adentro de Campo de Mayo. Cuando queríamos ir al baño la estiraban al límite, hasta que los compañeros no daban más, y mientras la custodia te llevaba te iba gritando. Nos iniciaron causas penales a todos, y mientras nos hacían los prontuarios te hacían sacar una foto de frente y perfil sosteniendo un papel con tu número de documento. Ahí hubo discusiones con los gendarmes, como un compañero de 61 años, al que le dijeron “¿Usted qué hace acá? Si fuera su hijo le daría un buen reto”, a lo que el compañero le contestó “Mis hijos están muy orgullosos del padre que tienen, porque lucha contra el hambre”. A otro compañero de 76 años le decían “Abuelo que hace usted acá. Tendría que estar en su casa”, y el compañero le dijo que mientras hubiera necesidad, él iba a estar en la ruta, y que para él era mejor estar en la lucha que en su casa. Los compañeros le discutieron a los milicos, que querían quedar como víctimas y que nosotros éramos unos salvajes, cuando nos golpearon y nos detuvieron cuando nos estábamos retirando. Los compañeros fueron muy claros. “Venimos a reclamar porque somos trabajadores a los que nos pagan un sueldo miserable de $1.200, y nuestros pibes se alimentan con alitas y papas, y ahora ni papa se puede comprar”, y le daban vuelta la discusión: “explícame vos si vivís con seis pesos por día”.

El despliegue de las tropas de gendarmería, la represión que ejerció sobre los manifestantes, y las detenciones de las 67 personas, respondieron a ordenes expresas del Gobierno Nacional, representado sobre la misma Panamericana por su Secretario de Seguridad, quien dirigió personalmente las tropas.

Frente a estos hechos dos de nuestros abogados, conjuntamente con un abogado perteneciente al GEN de San Isidro, se hicieron presentes en el Juzgado Federal de San Isidro a fin de exigir explicaciones sobre lo ocurrido y la inmediata libertad de todos los detenidos.

Fueron atendidos por el Secretario del Juzgado, el Dr. Pablo Fonzo, quien informó que ni el dispositivo de “seguridad”, ni el actuar de Gendarmería, ni las detenciones habían sido ordenadas por la Dra. Arroyo Salgado, habiendo tomado intervención el Juzgado una vez producidos todos los hechos y que como primera medida habían ordenado la liberación de todos los detenidos.
Así el Juzgado Federal de San Isidro dejó claro quien había ordenado las detenciones: el Gobierno Nacional.

Al parecer algo cambio, porque ahora el Juzgado Federal de San Isidro se ha puesto a disposición del Gobierno Nacional para criminalizar la protesta social, ya que ha resuelto citar a prestar declaración indagatoria a los detenidos, en lugar de archivar la causa o dictar su sobreseimiento.

La Juez no sólo los citó a indagatoria sino que dividió las indagatorias a lo largo de un mes y medio, a razón de 3 o 4 por día. Esta medida no es inocente y tiene como objetivo dividir a los imputados dificultando su defensa y asimismo facilitar que alguno de ellos se quiebre y declare contra sus compañeros.

La citación a indagatoria es el paso obligatorio previo para procesarlos.
Existen buenas condiciones para enfrentar esta causa, y lograr el cierre de la misma, pero para aprovecharlas debemos trabajar con la mayor amplitud y salir a denunciar la política represiva del Gobierno Nacional que mientras se declara nacional y popular reprime y detiene a personas mayores, mujeres y niños, de hasta 2 años de edad, en una Unidad militar que fue utilizada como campo de concentración durante la última dictadura.

Como parte de las actividades que proponemos para luchar por la absolución de todos los compañeros y el cierre de esta infame causa, ponemos a disposición un petitorio a fin de recabar todas las solidaridades que podamos conseguir.

Los petitorios firmados se pueden hacer llegar a Liberpueblo, ya sea por mail aliberpueblo@yahoo.com.ar o físicamente a la Av. Rivadavia 2206 Piso 5° Dto. “A”, de Capital Federal.

BASTA DE REPRESIÓN A TRABAJADORES.

REPUDIAMOS DETENCIÓN EN CAMPO DE MAYO

Los abajo firmantes repudiamos la criminalización de la protesta y la persecución política hacia cualquier trabajador que reclame derechos laborales, sociales, sindicales y mejores condiciones de trabajo para sí o sus compañeros.

En la causa Nº 467/2012 que tramita por ante La Justicia Federal Criminal y Correccional de San Isidro, a cargo de la Jueza Sandra Arroyo Salgado, están imputados 60 trabajadores por haber reclamado no ser discriminados en los pagos del Programa de cooperativas “Argentina Trabaja”.-

Repudiamos la represión que sufrieron el 30/08/2012 en la Panamericana los trabajadores. Estuvieron detenidos durante más de 20 horas en el ex Centro Clandestino de Detención “Campo de Mayo” en el marco de un “operativo show”, encabezado por el Secretario de Seguridad, Tte. Coronel Sergio Berni.

Asimismo, denunciamos que fueron detenidos en idénticas condiciones, más de 10 menores de edad, entre los que se encontraban un bebé de 2 años y una niña de 4 años.-

Que ante esta situación nos expresamos brindando a todos los detenidos e imputados la más amplia solidaridad y ratificamos enfáticamente que no se debe reprimir, ni perseguir penalmente a los trabajadores y representantes gremiales que luchan por el respeto de los derechos y las condiciones de trabajo de sus compañeros, ni a los dirigentes sociales y políticos que se solidarizan con reclamos populares.

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