10 de abril de 2017

Límites al avance de la causa AMIA: la CPM acompaña a las organizaciones de familiares de víctimas del atentado

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LÍMITE A LAS POSIBILIDADES DE AVANZAR EN LA CAUSA

La CPM acompaña a las organizaciones de familiares de víctimas del atentado a la AMIA

El decreto 229/2017 pone los archivos de la causa bajo el control de la AFI y vacía la Unidad Fiscal encargada de llevar adelante la investigación. Así lo denunció la semana pasada APEMIA, señalando que la decisión deja "en manos del Ministerio de Justicia el control de los archivos secretos y la responsabilidad de una futura investigación". En igual sentido se pronunció la Asociación 18 J. La Comisión Provincial por la Memoria acompaña el repudio a este decreto y exige al Gobierno Nacional que se escuche y tome en cuenta la voz de las organizaciones de víctimas.

La semana pasada el gobierno nacional publicó en el boletín oficial el decreto 229/2017 referido a la causa AMIA, que en su artículo primero dispone "la desclasificación de la totalidad de las notas, informes y resoluciones, que no fueron alcanzadas por la desclasificación dispuesta por el Decreto N° 395/15".

Aunque con esta decisión el gobierno dice responder a un reclamo de las organizaciones de víctimas del atentado y aportar para su esclarecimiento, APEMIA (Agrupación por el esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA) y la Asociación 18J denunciaron que se trata de "una infamia" que significa "un refuerzo en la histórica determinación del Estado por seguir encubriendo".

Es que, en realidad, el decreto —que consta de 9 artículos— vuelve a poner en manos de una Secretaría del Ministerio de Justicia los archivos de la ex SIDE y somete a la Unidad Fiscal a las determinaciones del Poder Ejecutivo. Al mismo tiempo, limita su alcance real para realizar una investigación y establecer las responsabilidades criminales del Estado nacional y/o de cualquier otro en la comisión del ataque terrorista.

Por todo esto, desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) acompañamos la denuncia y el repudio realizado desde las distintas organizaciones de familiares de víctimas por este decreto que sólo constituye un nuevo obstáculo en el camino de verdad y justicia sobre el atentado ocurrido en 1994.

Por último, la CPM exige al Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, que escuche la voz de las organizaciones de familiares víctimas del atentado y atienda sus reclamos para una apertura incondicional de los archivos secretos, fortalezca el grupo de trabajo de relevamiento documental de la Fiscalía y repudie el proyecto del Poder Ejecutivo de ley de juicio de ausencia, y promueva la conformación de una Comisión Investigadora Independiente.

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