De capturas por azar y búsquedas inexistentes
La semana pasada fue noticia la detención, en la ciudad cordobesa de La Falda, del ex cabo de la bonaerense Marcos Rodríguez, último prófugo en la causa por la Masacre de Wilde (1994). El hombre había desaparecido hace 20 años, cuando salió caminando por la puerta de la comisaría donde estaba preso. Por CORREPI para ANRed.
La información dice que lo encontraron porque suscribió un plan de facilidades de las multas de su auto particular en el municipio de La Falda con su nombre y apellido verdaderos. ¿Torpeza? No, conciencia de impunidad. La experiencia en situaciones similares demuestra que la enorme facilidad con que se profugan y desaparecen los integrantes del aparato represivo estatal acusados o condenados por graves delitos, sólo se compara con la inexistencia absoluta de una búsqueda activa para encontrarlos.
Las pocas detenciones que se producen después de esas fugas sólo se logran porque las familias de las víctimas, organizadas y en pie de lucha, aportan a los juzgados la información necesaria, después de encontrar con sus propios recursos a los prófugos, o por pura casualidad.
Ejemplo de lo primero son la masacre de Budge o el caso Durán, donde los prófugos fueron encontrados por CORREPI a partir del aporte solidario de los vecinos, o mediante el muy simple recurso de poner cámaras ocultas frente a los domicilios conocidos y denunciados en los expedientes de los policías que el aparato estatal decía que no podía encontrar.
La casualidad, en cambio, fue la que permitió, por caso, la detención, en Junín de los Andes, del policía Luis Raúl Ponce, uno de los torturadores y asesinos de Andrés Núñez (1990), cuando intentó evadir un control de tránsito tras 24 años de tranquila vida lejos de los tribunales y las cárceles. No es éste el único caso de una tardía detención porque, por puro azar, el prófugo fue detenido por una infracción de tránsito o en un control de rutina.
En ninguna de las causas en las que interviene CORREPI y hay funcionarios del aparato de seguridad prófugo hemos podido verificar que, más allá de decretar la rebeldía y ordenar formalmente la captura, se tomen medidas efectivas para una búsqueda real. Sólo la presión de las familias logra que se tomen algunas elementales, como la intercepción de teléfonos o algún seguimiento. Y aun así, además de que nunca se sostienen en el tiempo, muchas veces esas acciones oficiales derivan en inverosímiles bloopers, como ocurriera en Morón con algunos de los prófugos de la causa Durán, escapándose por los techos en plena cara de sus «perseguidores”, o fugando con un auto con el motor casi fundido de impecables patrulleros 0km.
Una buena prueba de que la búsqueda de policías prófugos carece de todo interés para el aparato estatal es la página web del ministerio de Seguridad provincial, que tiene un link a «policías prófugos”, clasificados según el tipo de delitos. La pestaña de «torturas” está vacía. Quien la consulta, concluye que no hay policías torturadores prófugos. Pero los hay.
Luis Alberto Farese y Miguel Ángel Rojido, torturadores de Sergio Durán (1992), figuran en la sección «homicidios”, aunque ambos, de ser habidos, irían inmediatamente a juicio por aplicación de tormentos seguidos de muerte, delito por el que ya fueron condenados a prisión perpetua sus tres camaradas sucesivamente detenidos y juzgados (Jorge Ramón Fernández, Ramón Nicolosi y Raúl Gastelú). Pablo Martín Gerez, otro de los prófugos en la causa de Andrés Núñez, también figura entre los requeridos por homicidio, y no por tortura seguida de muerte. Finalmente, tampoco figura en esa vacía página el oficial de la 1ª de San Martín Marcelo Palleroni, prófugo en la causa por torturas en la que su compañero Juan Carlos Botrón ya fue condenado a 9 años de prisión. Palleroni, cuya foto estaba hasta hace poco, desapareció del listado, pero nunca fue detenido.
Está bien ubicado, como prófugo por homicidio, el bonaerense Rodrigo Ruiz, asesino de Fernando Báez, pero ya no es posible encontrar a Bonifacio Garay, asesino de Omar Lencina (1992), ni han sido agregados entre los ex policías, ni como no policías, los federales recientemente profugados, sargento Néstor Adrián González y cabo Martín Alexis Naredo.
El ministerio de Seguridad de la Nación, por su parte, ni siquiera tiene una página semejante, aunque sí publicó, el 11 de septiembre pasado, un elegante comunicado titulado «Sobre el ex cabo Naredo”, donde tardíamente admiten que era mentira que la ministra Garré lo había exonerado en 2012, pues sólo lo fue en agosto de 2014, al filo del inicio del juicio oral por el fusilamiento de Jon Camafreitas, y afirman que «Hasta el momento, las investigaciones realizadas descartan la participación de algún integrante de la PFA en la facilitación de la evasión de Naredo”. Evasión, igual que en el caso de González, que no necesitó que nadie, más que el poder judicial, facilitara, ya que estaba excarcelado y los jueces decidieron no escuchar la advertencia de la querella, que reclamó que se garantizara su presencia en el momento de lectura de la sentencia.
Quizás, dentro de 20 años, Naredo o González crucen un semáforo en rojo y sean detenidos por casualidad. Eso, claro está, si CORREPI, que sí los está buscando, no los encuentra primero.