No se aplicará la ley antiterrorista a Donnelley
No se aplicará la ley antiterrorista a la multinacional Donnelley, una ley que comenzó amenazando a activistas sociales y un periodista. El gobierno nacional dio marcha atrás con el impulso de aplicar la ley antiterrorista a la empresa Donnelley luego que la empresa promuncie su dudosa quiebra y dejara a cientos de empleados en la calle. Sin embargo dicha ley ya se ha intentado aplicar a activistas sociales y un periodista. Por ANRed.
Esta mañana el gobierno nacional dio marcha atrás con su decisión de aplicar la ley antiterrorista contra la multinacional gráfica Donnelley, luego de haber sido cuestionada en el ámbito empresarial, la empresa Donnelley declaró una «quiebra fraudulenta», dejando sin fuente de sustento a cientos de trabajadores que en estos momentos han tomado la planta y continuan produciendo.
Hoy por la mañana el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, manifestó que la aplicación de la ley antiterrorista a la empresa fue una «una confusión». «Creo que se derivó una confusión, a partir del uso «antiterrorista». La denuncia que estaría haciendo la AFIP es por «quiebra fraudulenta»», afirmó Vanoli.
Recordemos que la sanción de la ley antiterrorista por el Congreso Nacional el 14 de octubre del 2011, exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como condición para considerar a la Argentina como un destino seguro de Inversiones Externas Directas, generó fuertes controversias en la sociedad. Los organismos de derechos humanos anunciaban la peligrosidad de esta herramienta jurídica: «El hecho de utilizar conceptos tan abiertos e imprecisos hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público», remarcaron organismos como la ACIJ (asociación Civil Por la Igualdad y la Justicia), el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y el CEPPAS (Centro de Estudios de Políticas Publicas para el Socialismo).
El primer caso, luego de sancionada la ley fue el intento de aplicación a nueve asambleístas detenidos durante una protesta contra un proyecto minero en la localidad catamarqueña de Santa María, tras cortar una ruta que afectaba a la idea de instalar una mina en el cerro Famatina. Luego de ser liberados quedaron imputados por el fiscal provincial Julio Landivar por hechos de «terrorismo”, de acuerdo con la ley sancionada en el Congreso Nacional, aun que el fiscal fue duramente criticado por haber establecido un delito federal en la Justicia provincial.
El otro caso fue al periodista Juan Pablo Suárez en Santiago de Estero, editor responsable del sitio web de noticias «Ãšltima Hora» que fue imputado primeramente por la justicia provincial del supuesto delito de sedición a fines del año pasado y luego la causa pasó a la justicia federal y fue cambiado a la figura de sedición que le agregó un artículo de la ley antiterrorista, hecho que causó el fuerte rechazo de distintas entidades periodísticas y organismos defensores de la libertad de expresión.
Suárez cubrió el encadenamiento del policía Nelson Villagrán, realizado durante las jornadas en las que varios destacamentos policiales provinciales se levantaron en reclamo de aumentos salariales, el periodista filmó el arresto de Villagrán, él mismo fue arrestado y detenido durante diez días acusado del delito de «sedición”.
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