Vaciamiento y tragedia en Metalúrgica Tandil

La madrugada del jueves 9 de enero, se produjo una explosión en el horno 6 de la conocida «Metalúrgica Tandil” que dejó como saldo en los días subsiguientes la muerte de tres operarios, Lucas Seren (27), Luciano Vargas (31) y Juan Cruz Andrade (34).

El fatal accidente se produjo luego de reiteradas denuncias por parte del sindicato, en relación al incumplimiento de las normas de seguridad y de prevención de riesgos. La empresa incluso fue sancionada, después de que ante reiterados controles, requerimientos de corrección y advertencias, continuara sin someterse a las exigencias legales.

Esta situación de precariedad, causa del sistemático vaciamiento que se viene observando en la planta se traduce no sólo en la falta de reinversión, sino también en la venta de activos de la empresa, el desprendimiento de personal con antigüedad capacitado para tareas de alto riesgo, y el reemplazo de la gerencia y los mandos medios por personas nuevas sin experiencia en el sector.

Los medios de comunicación nacionales han silenciado la tragedia. Tanto desde el municipio, como desde la nación, tampoco se ha hecho nada por esclarecer la situación. La falta de voluntad política se expresa en que a más de cuatro meses aún no se han establecido los motivos del accidente desde las tareas periciales.

La empresa genera numerosos puestos de trabajo en la economía local, lo que incide en la inacción del municipio como de la UOM (Uniòn Obrera Metalùrgica) ante el miedo y la amenaza de cierre permanente de la planta. A su vez, la misma es propiedad de Renault Argentina, que tiene intereses comerciales y publicitarios en medios de comunicación tanto locales como nacionales, e intereses con el Estado Nacional.

El sindicato que nuclea a los trabajadores, que denunció previamente las irregularidades, comenzó responsabilizándola y reclamando mejoras, pero paulatinamente se ha apartado de la causa alegando la necesidad de preservar los puestos de trabajo. Esta es la postura de los mismos trabajadores de la fábrica, que ante el temor por la pérdida de la fuente laboral son coercionados a trabajar en condiciones pauperizadas y convivir con la situación de injusticia. La empresa, propicia esta situación en tanto que deja entrever la posibilidad de cerrar sus puertas si se le exigiera una inversión considerable.

Además de la presión ejercida tanto al Estado, como a los medios de comunicación, al sindicato y a los mismos trabajadores, se observan hechos que enturbian aún más la situación.

Un caso es por ejemplo el del único testigo del accidente, que trabajaba junto a los tres obreros accidentados y que momentos antes de la explosión se ausentó temporalmente para proveerse de una herramienta. Declaró en primera instancia que vio como el horno explotaba y luego modificó su afirmación manifestando que no había visto nada.

Un medio de prensa local, El Eco de Tandil, que comparte abogado con la empresa investigada, dejó entrever a dos meses del hecho que las pericias indicaban que el accidente se desprendía de la responsabilidad de los trabajadores, exculpando a Metalúgica Tandil de cualquier responsabilidad, cuando aún hoy siguen sin estar listos esos resultados.

A casi cinco meses de la tragedia, la causa penal no ha avanzado en nada, ni siquiera en su plano pericial. El nulo apoyo por parte de diversos organismos del estado (Ministerio de Trabajo, organismos municipales), de los medios de comunicación y de la UOM, amenazan con que la causa quede en la nada.

En medio de esta situación, los familiares y allegados aún esperan respuestas. Y lo que es preocupante, los trabajadores de la metalúrgica continúan trabajando en las mismas condiciones de inseguridad que llevaron al fallecimiento de tres de sus compañeros.