David Moreira: Linchamiento, discursos y después

El caso del linchamiento de David Moreira y la réplica de agresiones a presuntos delincuentes en distintos puntos del país expuso crudamente una problemática que se arrastra de largo rato y, como suele suceder, empieza a ser interesante para algunos sectores políticos y mediáticos cuando la morbosidad de los hechos la hacen inocultable. Por Indymedia Rosario.

Una horda de vecinos ataca a un pibe de 18 años en barrio Azcuénaga. Relatos periodísticos incorporan elementos de la barbarie colectiva: quemaduras de cigarrillos, cadenas, hasta una moto pasándole por encima, un conductor interrogándose si aun respiraba y que, si no, se hiciera lo posible para que deje de hacerlo. David yace desarmado, solo y bañado en su sangre en el medio de la calle, junto a la moto que lo trasladaba. Está casi inconsciente, atina a levantar la cabeza. Una patada la hace rebotar contra el asfalto. Queda inmóvil. Alguien llamó una ambulancia, otro la canceló para garantizar la muerte del pibe. Las patadas le rompieron el cráneo. El joven muere luego de tres días de agonía.

El caso del linchamiento de David Moreira y la réplica de agresiones a presuntos delincuentes en distintos puntos del país expuso crudamente una problemática que se arrastra de largo rato y, como suele suceder, empieza a ser interesante para algunos sectores políticos y mediáticos cuando la morbosidad de los hechos la hacen inocultable.

No sólo por el hecho en sí de que decenas de personas pateen a otra indefensa y desarmada, por ende sin estar en riesgo la vida de los que se tornan en agresores, hasta matarla; sino por las reacciones que aparecen tras su ejecución. Desde que se conoció la noticia del linchamiento de David, las redes sociales mostraron cómo un discurso y acción fascista, opuesta a toda norma, se trasluce en festejos, pedidos de replicar la agresión en un «todos contra ellos”. Esos otros, distintos e inaceptables, que salieron de algún lugar a alterar el cotidiano de «la gente de bien que paga sus impuestos”.

Elemento este último rebatido por el periodista David
Narciso, quien bajo el subtítulo «Moralidades” escribió
en el diario El Ciudadano: «Se dice que hasta un centenar de personas
fueron parte de la turba asesina. ¿Quiénes eran esos hombres y
mujeres? Parece que nunca robaron una cartera. ¿Pero entre ellos no habrá
alguno que roba sistemáticamente la electricidad que es patrimonio público?
Las estadísticas de la EPE dicen que sí. ¿Cuántos
de ellos cometen el delito de evasión impositiva? Para determinados grupos
sociales hay delitos que están legitimados y otros que son aberrantes.
Para esos vecinos de Azcuénaga -por supuesto no todos- ya está
claro cuál es cuál. En otros grupos, ubicados tanto arriba como
abajo en la pirámide social del habitante promedio de Azcuénaga,
pasa lo mismo, sólo que varía la tolerancia a determinados delitos
de acuerdo a los intereses propios de ese sector social en ese lugar y momento
histórico”.

Posterior a la internación y deceso del joven, no solo
se vivó el linchamiento: se propuso replicar la acción y hasta
se puntualizaron cuestiones metodológicas, tales como controlar que a
ningún «desubicado” se le cruce llamar a una ambulancia. Vale
destacar que el
posteo mencionado del facebook
de los vecinos de Barrio Azcuénaga -con un logotipo de «vecinos
vigilantes”, que sería bizarro de no ser trágico- fue borrado
de dicho perfil tras conocerse que las investigaciones judiciales sobre el homicidio
podían utilizar tales declaraciones como probatorias o indicios que lleven
a los asesinos.

No es nuevo el discurso de que se asiste a lo peor de la descomposición
social. Lo que sucede en estos días es que los linchamientos dejan claras
una serie de valoraciones e ideología de sectores sociales históricamente
permeables a discursos y acciones fascistas. El robo es peor delito que el homicidio.
La cartera de una joven vale más que la vida de un pibe. Decenas de «vecinos”
se transforman en asesinos de un adolescente desarmado. Hoy pueden estar caminando
al lado nuestro con su vestimenta poco sospechosa y sus impuestos al día
(o aparentando tenerlos). En la parada del bondi, en el bar de la vuelta, en
el cine, puede haber un hombre o una mujer que pateó y golpeó
a un pibe hasta hacerle salir el cerebro. ¿No genera ésto sensación
de inseguridad? ¿O resulta que la seguridad se mide en función
de la posibilidad de estar en lugar del agredido- víctima y diferenciarse
de un victimario debidamente tipificado? Si no soy negro, ando en moto y uso
gorrita, no hay peligro. Mis semejantes no me harían el daño que
sí le hicieron a ese otro al que considero estigma y lacra social.

Mucho circuló en medios locales y en voz de gobernantes
esto de que «la ciudad que mostró su solidaridad con los vecinos
de calle Salta” ahora muestra su peor cara. Con todo el respeto a la solidaridad
profunda y sincera que tuvo gente que ayudó y trabajó de corazón
en uno de los peores sucesos de la historia local, la realidad es que poco después
de ese 6 de agosto fallecieron personas en una villa rosarina porque se les
quemaron los ranchos y se murieron dos nenas por fallas en los juegos mecánicos
del Parque Independencia, y no generó similar repudio social ni proporcionales
muestras de solidaridad. Esto está profundamente ligado a la identificación
con las víctimas y la sensación de posibilidad que le genera a
quienes se identifican, de estar en su lugar. Todo vecino, toda vecina, podría
ser la joven madre. Ningún vecino y vecina que tiene crédito de
sobra en el teléfono para llamar a la radio y postear en los diarios
web considera que podría ser David. Lo curioso es que sí podría
ser un delincuente mayor: en Argentina y cualquier otra parte del mundo, el
homicidio doloso es peor que el robo.

Cuestión de presencias

La excusa para los homicidas y tibios comentaristas que utilizan
eufemismos para explicar lo sucedido y no repudiarlo es que el Estado abandonó
sus funciones.

Lamentamos informar que (por lo menos) a partir de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos ningún Estado que se precie democrático
tiene (o debería tener) la función de matar a nadie. Ningún
«contrato social” aun con el Estado como monopolizador de la denominada
«fuerza física legítima”, dispone que éste defina
que alguien debe morir.

Se confunde el Estado policial con el Estado de derecho. Más
allá de las discusiones en torno al «estado de derecho burgués”,
está claro que la conquista del Estado de Derecho es un avance en materia
de posibilidad de defensa, juicio justo, presunción de inocencia, etcétera.
Atravesado por una lógica de clase, claro está, pero diferenciado
de las sociedades medievales caracterizadas por un profundo autoritarismo. Porque
si a «los David hay que matarlos”, ¿qué les queda por
hacer a los testigos de causas de delitos de lesa humanidad, víctimas
de policías y milicos que se cruzan en la panadería? Esos sectores
que avalan la muerte de un joven pobre, ¿verían con buenos ojos
el asesinato de un violador, asesino y torturador como el «Ciego”
Lofiego o Juan Daniel Amelong? Retomando la valoración de delitos y ubicándose
en el precepto de la Ley del Talión, se justificaría entonces
un homicidio doloroso, lacerante, lento y sádico de los genocidas. Vaya
sorpresa. Esas madres y abuelas a las que les robaron los nietos y les desaparecieron
los hijos, no hicieron nada de ello. Le otorgaron a sus verdugos el juicio justo
que le negaron a sus hijos, en caso que les hubiera correspondido.

Pero acá entra otro debate: ¿hay ausencia del
Estado?

El periodista Carlos Del Frade es taxativo: «hay presencia
corrupta y represiva del Estado”. Presencia lograda mediante sus organismos
de persecución del delito, que tipifica criminales (jóvenes pobres),
y mediante sus fuerzas estatales torna en prosecución del crimen dados
los altos niveles de corrupción y vinculación de la policía,
por ejemplo, con las grandes redes delictivas que lejos están de ser
dirigidas desde los barrios marginales y los búnkers donde se queman
a pibes y pibas que cobras $400 por día por vender merca y otras yerbas.

Esa presencia corrupta es parte de una política de Estado
de funcionarios que, aunque salieron a repudiar los linchamientos -y vale destacar
desde el posicionamiento de claro rechazo del Ministro de Justicia de Santa
Fe, Juan Lewis, a la Presidenta de la Nación Cristina Fernández
de Kirchner y su llamado a ser buenos cristianos en un Estado que se ha declarado
laico -, hablan «como quien no dirige el Estado”, cuya forma de hacerse
presente o sus selectivas ausencias se critican.

Estuvo muy bien la Presidenta en su cadena nacional definiendo
el concepto de inclusión. Pero desatinó al negar que el Estado
que ella dirige en un proceso político que lleva ya una década
tiene amplia responsabilidad en haber dejado crecer el monstruo narco, en no
haber saneado las fuerzas policiales -pese a las tareas de inteligencia de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria, que han dado sus frutos-, en no mejorar
el sistema carcelario para que cumpla su rol de recuperación de los presos
y no sitios concentrados de reproducción de la violencia. Con Planes
Procrear, notebooks e inclusión discursiva no se tuerce una estructura
productiva extranjerizada, expoliadora, altamente concentrada y una estructura
fiscal regresiva que sigue esquilmando a los sectores más postergados
e impidiendo la generación de empleo digno y educación universal
que le dispute terreno a las economías delictivas (que no solo trabajan
con droga, sino con autos, granos en negro, etcétera).

La presencia corrupta y represiva de un Estado trae generaciones
de miseria como sostenedoras de las ganancias de unos pocos. Los jóvenes
pobres que nutren las estadísticas de muertos en Rosario son esos a los
que se les pide respeto por la vida y se les exige que no delincan cuando parte
de la sociedad pone el énfasis y la acción en eliminarlos, y no
en el abandono sistemático de amplios sectores en materia social, educativa,
de salud, laboral. Tiene razón Cristina Fernández al hablar de
cómo se sienten esos sectores, cómo se ven parados ante esa sociedad
que los discrimina. La pregunta es si basta con la política de parches,
sin atacar los nodos estructurales del problema.

Violencias

«Es un momento muy especial para la sociedad. La derecha
aprovecha. Hay debates que se reabren, porque aparentemente estaban cerrados.
Lo que genera la violencia es la desigualdad, no la pobreza. Si esto hubiera
sucedido en una villa estaría toda la sociedad condenándolo. Lo
que hay que despertar y unificar es el repudio y el rechazo a esos sectores
que por bronca, por ira, que hasta vieron con simpatía o no reaccionaron
contra. Y reconocer que hay un sector de la población que es muy permeable
a planteos fascistas. Hay vecinos que actúan como parapoliciales, hay
lugares en que las bandas narco son parapoliciales y a veces la propia policía
funciona al servicio del Estado que construyeron las bandas narco”, consideró
por su parte Gustavo Martínez, miembro de la CTA local y con estrecho
vínculo con las organizaciones populares de la región.

«Hay un camino largo para limpiar este debate, que sigue
siendo el mismo: una juventud que no tiene futuro y la están empujando
a que tome otros caminos. Como se empuja a sectores de las capas medias, engañándolos
con el tema de la seguridad. Lo votan a (Miguel) Del Sel para que los amigos
y los jefes de Del Sel sigan robándonos el país, sigan privatizando,
y esas privatizaciones van a traer más generaciones con pibes que la
única forma que van a ser criados es en el resentimiento”, evaluó
Martínez.

Los medios de comunicación merecen párrafo aparte.
Si bien el arco político y mediático en general repudió
lo acontecido hubo varios comunicadores que, mientras decían que lo que
pasó no estaba bien, justificaban el accionar irresponsablemente, utilizaban
eufemismos, se plantaban imparciales y permitieron la proliferación de
mensajes de lectores escalofriantes y reproductores de la violencia en los portales
de noticias y los micrófonos de las radios. La sobreexposición
del cuerpo yaciente, la reiteración y el amarillismo también operaron
como «prenseros de la barbarie”.

Hubo intervenciones puntuales que se apartaron de la generalidad.
Tal es el caso de Hernán Lascano, quien el día del linchamiento
de David relató
otro suceso en el que un muchacho, profesional, de sector medio, casi muere
apaleado por un grupo de individuos que lo acusó de un robo que no cometió.
Gracias a sus herramientas para poder explicarle a la policía (sin cuya
llegada hubiera corrido la suerte de David), pudo revertir su detención
por portación de cara: tiene la condena de ser moreno y morocho. No pudo
evitar los golpes, quedó bastante lastimado.

La publicación del video en que se ve a los agresores
golpeando hasta matar al joven en Barrio Azcuénaga, no es sólo
anti investigativa, sino que opera como un anestésico: lo que en una
primera vista genera estupor, en una segunda o tercera, transforma a esa imagen
en objeto de observación y morigera los efectos impactantes. El hecho
de que se muestre una y otra vez ese video no hace más que anestesiar
ante la imagen de la barbarie. Varios estudiosos han escrito largo y tendido
sobre esta cuestión. Llama la atención que en ese video se ve
a dos hombres, uno con el rostro cubierto, golpeando al joven. Lo que abre el
interrogante de si se trató de un grupo reducido que busca ampararse
en una multitud -que de todos modos sería cómplice por silencio
e inacción-, o realmente de una horda enfurecida. Datos que, esperemos,
aclare la investigación exhaustiva que debe materializarse en el hallazgo
de los asesinos.

Lamentablemente, y sin ánimos de victimizar a una asaltada,
madre bien de un hijo bien, casi ningún comunicador se detuvo en que
la joven a la que presuntamente habría pretendido robar David y lo apuntó
como ladrón, tiene como abogado a Paul Krupnik, conocido defensor de
narcos(fuente /
fuente /
fuente),
proxenetas (fuente)
y patronales que despiden obreros (fuente).
Parece que la rueda da una vuelta completa y se pasea por un montón de
lugares de la realidad.

Más allá de que no cambia la barbarie de lo
acontecido, nadie pudo comprobar que David fuera el ladrón de la joven
representada por Krupnik. Si bien algunos medios insistieron en hablar de «presunto
ladrón”, dejando claro que se desconoce la culpabilidad del joven
en el supuesto robo, hubo otros que directamente utilizaron el término
«ladrón” y hasta utilizaron ese calificativo como atenuante
del crimen.

Vale recordar que pocos días antes del asesinato
de David Moreira, un grupo de hombres vinculados a una remisería asaltada
creyeron ver en la calle a los maleantes. Les dispararon en un semáforo,
les agarraron la moto, los persiguieron y golpearon salvajemente a uno en una
estación de servicio. Lo desfiguraron. El asunto es que los dos muchachos
iban a trabajar, no eran ladrones. Sufrieron un escarmiento superlativo por
un delito que no cometieron. Gajes de pedir justicia y cagarse en las normas
del debido proceso.

Trabajadores

La Intersectorial de Trabajadores de la Niñez y la Asamblea
por los Derechos de la Niñez y la Juventud vienen abordando la problemática
del narcotráfico, la criminalización de la juventud en los barrios,
la represión policial, entre otros. «Esto es consecuencia de lo
que se vive en los barrios, con mucha inseguridad, disputas entre bandas y zona
liberada de la policía. Y la gente se la agarra con un pibe que no tiene
nada que ver. Nosotros lo vemos a diario en el Instituto de Rehabilitación
de Adolescente de Rosario (IRAR) cuando los pibes te cuentan los arreglos que
hay con la Policía, la implicancia de que el Estado aparece en el barrio
solo de forma represiva. Hay un descontrol en el que el Estado no tiene políticas
claras a nivel de juventud. Por eso pedimos desde la Asamblea y la Intersectorial
que se declare Estado de Emergencia, que haya más presupuesto para mejores
políticas públicas, y que los trabajadores podamos tener nuestros
derechos cubiertos para así abordar las políticas de otra manera”,
aseguró Emiliano Scopetta, trabajador del IRAR y miembro de la Intersectorial.

Aquí se suma al análisis respecto al rol y presencia
del Estado, la estructura de precarización en las áreas de niñez
y juventud. «Los que trabajamos con niños y jóvenes somos
los que estamos en peores condiciones dentro del Estado, tanto nacional, provincial
como municipal. Por eso nos juntamos y estamos en lucha”, relató
el joven.

Está claro que el caso Moreira evidenció con
estrepitosa dureza una realidad que en dosis similares se vive a diario en las
barriadas populares rosarinas. «Es la punta del iceberg. Tiene forma de
limpieza étnica. Acá estaba aceitado el mecanismo de un grupo
que va unificando el testimonio de los vecinos. Yo prendería una luz
de alerta, para que no nos sorprenda que el titular de un diario sea ‘pasa una
camioneta y asesina a 7 pibes por estar en una esquina’, ya que Latinoamérica
fue desgarrada por los escuadrones de la muerte y las bandas fascistas”,
advirtió Martínez.

Abordando la problemática de manera integral y saliendo
del caso puntual de David, el Padre Montaldo, que lleva 40 años de tarea
social en Ludueña, se
preguntaba: «Queremos quitarles la droga, ¿pero qué les
ofrecemos a cambio?”. Sencilla y precisa pregunta del sacerdote que sigue
peleando por los derechos de los pibes. «A esos chicos hay que abrirles
las puertas y darles el cariño y el amor que no pueden encontrar en otras
partes. Y que lo necesitan», continuó el Padre. Palabras que adquieren
también magnitud ante el caso de un joven de 17 años también
agredido, a quien ningún adulto recogió en el hospital, dado que
vivía solo en condición de calle.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
Eugenio Zaffaroni, pidió en declaraciones recientes no «estigmatizar”
a los  jóvenes con menos recursos. Además, consideró
que el linchamiento es «el  resultado natural de una campaña
de medios que lo que están haciendo es  estigmatizar terriblemente
a los adolescentes de barrios precarios”.

«Esta estigmatización los convierte en chivo expiatorio
y el resultado natural es que  los matan”, por lo que sentenció:
«Si me dicen que el problema es fulanito, que es el culpable de todos los
males, entonces hay que matarlos”, afirmó el Ministro.

El linchamiento de David y sus réplicas en otros lugares
del país expuso morbosamente una problemática compleja que merece
de un gabinete de especialistas y de voluntad política para torcer las
deficiencias del Estado actual -que más que deficiencias son garantías
de continuidad al tipo de negocios que se dice combatir-. «Ningún
pibe nace chorro”, dicen los integrantes del Movimiento Nacional Chicos
del Pueblo. Una frase que recorrió las redes, tras ser plasmada nada
más ni nada menos que el 24 de marzo por el grupo de artistas Arte por
Libertad.

Por su parte, desde la Asamblea de la Niñez hicieron
un spot audiovisual en el que plantean
diferentes tipos de violencia, ante las que la sociedad no «salta”,
a diferencia de la violencia que los incluye como víctimas de robos.

En tanto la alternativa ante el esquema de identidad territorial
que supieron generar los narcos – el mural de Ariel Cantero y la protección
cerrada de la banda de los Monos así lo muestran-, sea laburar en negro
de 8 a 12 horas por 4 mil o 5 mil pesos, será difícil sortear
el asunto. Ya se dijo mucho, pero por dicho no pierde vigencia: el funcionariado
azorado por el linchamiento tiene responsabilidad política de llegar
a esta instancia. Una responsabilidad imposible de demostrar en un juzgado,
pero que quedará en la historia. Los famosos «lazos sociales”
no se recrean con un helicóptero que hace temblar las ventanas o los
techos de chapa por las noches, ni garantizándole el negocio a Julio
Humberto Grondona, y las barras que como se sabe manejan muchos otros negocios
que la hegemonía de la popular. Mucho menos pidiendo mano dura o reprimiendo
laburantes en psiquiátricos, desocupados y pueblos originarios en autopistas,
o militantes frente a multinacionales. Los lazos sociales se fortalecen dando
espacio y cancha a sus hilos, que son las organizaciones que están en
los barrios, en la calle, en la cancha social, y no permitiendo que se las intente
amedrentar, como a los militantes de la FOB, que se los mate como a Mercedes
Delgado y los pibes de Villa Moreno, o que los crímenes cometidos por
el Estado y sus fuerzas represivas queden impunes.