10 de enero de 2018

Trabajadoras/es

"Hoy corren riesgo los noticieros y las noticias en el canal público"

Luego de los despidos en Radio Nacional, TDA, Encuentro, Paka Paka y Depor TV, la gestión de Hernán Lombardi planea un vaciamiento en el único canal estatal, la TV Pública. A través de una campaña de desprestigio, con el fin de amedrentar a los trabajadores y trabajadoras, proponen una paritaria del 0%, al tiempo que desfinancian los contenidos del canal y abren las jubilaciones anticipadas y los retiros voluntarios. Desde ANRed entrevistamos a Agustín Lecchi, Secretario de organización del SiPreBA. Por ANRed


A través de un comunicado han aclarado que rechazan la extorsión y provocación de parte de la empresa y las autoridades del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, ¿En qué se basa esa extorsión?

Agustin Lecchi: La extorsión se basa en que la empresa, después de quince meses de no discutir paritarias -la última la tuvimos en octubre de 2016 y venció el 30 de septiembre de 2017-, trae la propuesta de cero por ciento de aumento, un congelamiento salarial y el mismo día saca un comunicado público planteando un supuesto nivel de ausentismo que es falso y un supuesto aumento de la planta en los últimos años que también es falso. A su vez, también recortan todas las horas extras que suponen parte importante de nuestro salario y que dejan sin capacidad operativa para producir los noticieros. A través de un comunicado público, que se reproduce el domingo en la tapa de La Nación, la gestión busca estigmatizar a los trabajadores. La extorsión es para presionarnos y que aceptemos un congelamiento salarial que es extorsivo porque plantea: congelamiento de salarios o despidos y, en última instancia, barrer con nuestro Convenio Colectivo de Trabajo y con el Estatuto del Periodista Profesional. El salario que la empresa plantea como "extremadamente alto" es el mismo que firmamos en la paritaria con la actual gestión y que no heredamos. Es un salario que dista muchísimo del sueldo de los funcionarios. Sabemos que hay funcionarios de esta gestión, como la mujer del Ministro de Modernización (Andrés) Ibarra, que trabajó en la TV Pública hasta asumir como diputada y cobraba 196 mil pesos. Con lo cual no pueden venir a hablar de los salarios de los trabajadores, que no los fijamos nosotros, sino que los discutimos en paritaria con la actual gestión hace quince meses.

A su vez, han denunciado que está en marcha un vaciamiento, ¿En qué sustentan está afirmación?

AG: Acá hay un lavado presupuestario que excede a las autoridades del canal, pero ellas son las que lo administran y las que lo llevan adelante. El vaciamiento es de contenido, porque no se puede hacer televisión sin presupuesto y es un vaciamiento informativo, que atenta contra el derecho de la ciudadanía y de la sociedad a la información pública. Hoy corren riesgo los noticieros y las noticias en el canal público. Esto es terrible, no lo vivíamos desde hacía muchísimos años. Y nosotros entendemos que esto persigue intereses privatistas, porque justamente ellos son los que a través de un gravamen financian a la TV Pública; no es cierto que la TV pública se financia con los impuestos de la gente como pretenden plantear desde algunos sectores. Además, nosotros entendemos que el rol de los medios públicos es garantizar determinadas coberturas, determinada agenda informativa, en donde los conflictos sociales, laborales, políticos tengan lugar en nuestra pantalla, ya que no tiene lugar en las pantallas privadas. Con lo cual hay un objetivo de fondo que va en consonancia con un vaciamiento de voces, con una concentración mediática y un discurso uniforme en los medios de comunicación que, desde hace dos años, se viene profundizando cada vez más.

En una nota publicada en La Nación, bajo el título Comienza una nueva batalla en la TV pública, Pablo Sirven fogonea que "Si se reducen las horas extras y tienen éxito los planes de jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios, el achique no será cruento". ¿A qué consideran que se debe este ataque mediático?

AG: El debate mediático que el escriba de los funcionarios del Gobierno Nacional, Pablo Sirven, plantea en La Nación, al igual que otros periodistas como Fernando Bravo -quién conducía noticieros en lo que hoy es la televisión pública durante la dictadura-, es para atacar a los trabajadores de la TV Pública. Lo hacen para estigmatizarnos y demonizarnos, a pedido de la actual gestión, para que nosotros estemos bajo presión y aceptemos dócilmente el ataque a nuestros derechos. Esto no lo vamos a permitir: nosotros lo estamos saliendo a denunciar. Y además nos parece cínico que una gestión que dijo que venía a dialogar, y un gobierno que dijo que se iba a reconciliar con la prensa, difunda una nota de un carácter bélico como la de Pablo Sirven en La Nación que dijo que se venía una batalla en Canal 7. Para nosotros no hay ninguna batalla, nosotros nos despertamos todos los días para venir a trabajar, como lo hicimos durante toda nuestra vida, lo que no queremos y no vamos a permitirnos es que se vulneren nuestros derechos, que se ataque nuestro salario, que se nos castigue con una campaña de demonización como la que están llevando adelante.

A los 16 despidos en Radio Nacional se les suma el anuncio de un plan de jubilaciones anticipadas y la cancelación de contratos en la TV Pública, ¿Esto es así?

AG: Si, hay un plan de jubilación anticipada y un plan inminente de retiros voluntarios en todo el sistema de medios públicos; no solo en Radio Nacional y la TV Pública, sino también pretenden aplicarlo en Télam. Nosotros creemos que una televisión sustentable y moderna, como plantea la gestión -aunque sea paradójico su planteo, ya que en los últimos dos años no renovaron tecnológicamente nuestro equipamiento, se negaron a implementar nuevas tecnologías, se negaron a avanzar en capacitación profesional para los trabajadores-, no puede concebirse con menos trabajadores. Los medios públicos se fortalecen con más periodistas, con más trabajadores de prensa y no con menos. Como si esto fuese un estudio contable y sin ningún proyecto profesional; con lo cual hoy no tenemos ningún proyecto para lo que es 2018 y lo único que nos dicen cuando vamos a pedir trabajo son planes de jubilaciones, retiros voluntarios y una campaña de hostigamiento.

¿Qué pasó el viernes en el canal y por qué mandaron efectivos de la policía a la TV pública en el día de martes?

AG: La presencia de la policía, con carros de asalto y varios patrulleros, no responde a otra cosa que a la provocación y al amedrentamiento a los trabajadores. La provocación es porque quieren que vayamos a un conflicto a todo o nada que nosotros no buscamos, para responsabilizarnos de los problemas que son públicos -porque se visualizan en la pantalla-, cuando esos problemas responden a las políticas que está llevando adelante la actual gestión. Y un hostigamiento para que estemos con miedo, atemorizados. Lejos de eso, los trabajadores respondimos, tanto en el día lunes como el martes, sin entrar en las provocaciones; pero al mismo tiempo con una fortaleza gremial muy importante ya que las asambleas fueron absolutamente masivas, se hicieron ruidazos al interior del canal y se garantizaron las medidas de fuerza que nos propusimos.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

AG: Obtuvimos instancias de diálogo informal y formal con las autoridades del Sistema de Medios Públicos, de Radio Nacional y Canal 7. Pero nunca nos dieron una solución a estos conflictos: los compañeros despedidos siguen despedidos, el ajuste sigue avanzando y va creciendo. Con lo cual, los pasos a seguir son: profundizar la coordinación de todos los medios públicos, resistir el ajuste, defender los puestos de trabajo y nuestros derechos laborales. Pasado mañana vamos a realizar una acción conjunta de la puerta de Radio Nacional con una movilización y un festival. Mañana vamos a seguir con los ruidazos en la televisión Pública en las asambleas. Y la semana próxima vamos a realizar un paro general de actividades en todos los medios públicos si esto no cesa.




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