12 de noviembre de 2017

Trabajadoras/es

Reforma Laboral: la batalla de los empresarios y el gobierno para bajar los costos laborales

La semana posterior a las elecciones legislativas, el gobierno difundió un “borrador” de Reforma Laboral que apunta tanto a bajar los salarios como a generar mejores condiciones para los empresarios y la patronal. Este tipo de iniciativas no son novedosas, antes bien son la herramienta mediante la cual los empresarios se aseguran mejores condiciones para explotar a los trabajadores. Se trata del aspecto legal de una ofensiva que tiene otros ámbitos de desarrollo, como la rebaja del poder adquisitivo de los salarios a través de la inflación y el estancamiento en la creación de puestos de trabajo. Las pretensiones de control y disciplinamiento que emanan del borrador, evidencian el espíritu fuertemente conservador y autoritario con que el actual gobierno pretende regir las relaciones sociales en sintonía con la avanzada represiva, de judicialización de la protesta y de persecución a las organizaciones populares. Por Julia Soul para ANRed.


El doble objetivo de la Reforma Laboral

La “reforma laboral” tiene un doble objetivo: por una parte, la consabida “baja del costo laboral” que se materializa mediante una serie de rebajas impositivas y de aportes a las patronales – en eso consiste en tan vociferado “blanqueo”. Estas rebajas tienen como consecuencia la disminución del salario indirecto de los trabajadores. Pero por otra parte, pretende la generalización de condiciones de flexibilidad horaria y salarial al conjunto de los sectores de la economía, la precarización de los contratos, liberando a las empresas de responsabilidades legales y jurídicas y el abaratamiento de los despidos. Todo esto apunta no sólo a trabajadores más baratos, sino también a que la patronal (estatal o privada) pueda disponer más libremente de los trabajadores, aumentando la jornada sin pagar horas extraordinarias, despidiendo y contratando por menos dinero y tercerizando sin contraer responsabilidad solidaria sobre los trabajadores tercerizados. “Liberar” el uso de la fuerza de trabajo es una de las condiciones necesarias para que se recuperen los niveles de inversión y rentabilidad que necesitan los capitalistas.

Un momento más en la “batalla por la productividad” con la década del 90 como hito…

La batería de herramientas legales que implica la reforma laboral no es novedosa. Cíclicamente, desde la mitad del siglo pasado, la burguesía en Argentina emprende ataques contra las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora, como respuesta al “problema de la productividad”. Estos ataques se expresan en un incremento del control y de los mecanismos de disciplinamiento en los lugares de trabajo combinados con iniciativas legales como la que estamos sufriendo. La clase trabajadora enfrentó estas ofensivas en distintos escenarios, poniéndole límites al avance empresario tanto en los lugares de trabajo como en el plano legal e institucional. Sin embargo, en el período que va desde la Dictadura hasta la década del 90, con el neoliberalismo, las condiciones para la resistencia en el lugar de trabajo cambiaron brutalmente y la ofensiva por la productividad se descargó en todos los frentes: cambiaron las formas de organizar el trabajo, se renovó la base técnica de varios sectores importantes, se reemplazó fuerza de trabajo por máquinas. En el plano legal, se habilitó la negociación de aumentos salariales en relación con el aumento de productividad, se crearon numerosos “contratos basura”, se rebajaron los aportes patronales, se habilitó la negociación colectiva por empresas etc.etc.etc.

... y continuidades importantes en los 2000

Es importante tener en cuenta que la Reforma Laboral actual se apoya en, y pretende generalizar, elementos preexistentes en las relaciones laborales. A modo de ejemplo, la figura del Banco de Horas está ampliamente extendida en la industria automotriz. En otros sectores de industria y servicios la implementación de diferentes sistemas de turnos puso en entredicho el cobro de las horas extraordinarias; por no mencionar que no existen para los trabajadores en negro (que son el 30% de los trabajadores). En cuanto a los procesos de tercerización y subcontratación, la pelea para tender a igualar/mejorar las condiciones de los subcontratados fue una constante durante toda la década. La existencia de la figura de la responsabilidad solidaria generó condiciones para reclamos judiciales, sin embargo no mermó la patente desigualdad entre “efectivos” y “contratados”. También la figura de las pasantías como vía de poner trabajo barato a disposición de los empleadores fue implementada en aquel momento. La negociación de Convenios Colectivos de Trabajo separados por sector, la concentración de trabajo en negro en sectores puntuales y las relativas mejoras económicas que se fueron obteniendo hasta hace unos años, fueron sumando para invisibilizar la existencia de estas condiciones de precarización y flexibilización.

El nuevo impulso: mayor explotación, mayor control y disciplinamiento

El abogado laboralista Guillermo Pérez Crespo sostiene que los contenidos de la Reforma generan la posibilidad de un control sobre los trabajadores como nunca antes existió en el país. El borrador plantea la implementación del Documento de Identidad Laboral que asociado a una Red Federal de Servicios de Empleo, permitiría al Estado y a los empleadores disponer de información sobre las trayectorias de los trabajadores (la formación y capacitación recibidas, el desempeño laboral etc). Como parte de esta avanzada, se plantea la atribución del Estado para disolver organizaciones sindicales que no cumplan con requisitos estatutarios, pretensión absolutamente inconstitucional y que vulnera el derecho de organización de los trabajadores.

En síntesis, muchos de los elementos que presenta el proyecto de Reforma Laboral son parte de las relaciones laborales contemporáneas y, en ese sentido lo que se pretende es generalizarlos. Sin embargo, la perspectiva general en la que se inscribe ese intento es la de la implementación de mecanismos de control y de disciplinamiento centralizados sobre todos los trabajadores; profundizando el autoritarismo que caracteriza a la gestión del actual gobierno. Este no es un aspecto menor de la Reforma, incluso aunque algunas modificaciones logren frenarse, porque está presente en la perspectiva general de las relaciones laborales que se cristaliza en el proyecto. El hecho de que la CGT haya adelantado su objeción sólo a los aspectos que modifiquen la Ley de Contrato de Trabajo resulta preocupante, porque invisibiliza y desestima la posibilidad de que se profundicen el control y el disciplinamiento sobre los trabajadores; situación que siempre empeora la situación de los trabajadores, en tanto obstaculiza la organización colectiva y genera temor y dispersión.




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