14 de octubre de 2017

Argentina
Economía

El ajuste en los subsidios: más mercado y menos estado


"Los subsidios en tarifas de servicios públicos son un salario indirecto: aumentan la cantidad de ingreso disponible que las familias canalizan como consumo, motorizando la demanda. Una política que los Estados tienen para asistir a las familias en los gastos diarios. Por lo que la reducción de 35 mil millones de pesos en subsidios pautada para 2018, será una reducción directamente proporcional en el ingreso disponible de las familias. Con esta medida, el gobierno del presidente Macri pone de manifiesto su inquina contra el intervencionismo (siempre que no impliquen directamente un negocio para grupos privados). Se basa en una ideología liberal de que el Estado genera distorsiones cuando interviene en la determinación de los precios relativos de la economía (y no que puede solucionar distorsiones preexistentes, posibilidad que no es siquiera considerada por el Gobierno)". Por Federico Glodowsky (@fede_glodo, estudiante de economía UBA, miembro de Economistas de BASE).


El presupuesto de 2018 viene de la mano de un ajuste real del gasto de gobierno en casi todos los ministerios excepto en cuatro: Ministerio de trabajo, Empleo y Seguridad Social con un incremento del 22,3% en términos nominales; Ministerio de Desarrollo Social con un incremento del 21,2%, Educación 21,9% y los Servicios de la deuda pública, que se incrementan en un 28,2% respecto del 2017. Por su parte, el Ministerio de Energía y Minería experimentará una reducción del 19,5% del total del gasto público.

El gobierno efectuará una erogación de $203.350 millones en términos de subsidios, un 13,2% menos que lo presupuestado en 2017. Como porcentaje del PIB, el gasto en subsidios pasará del 2,3% actual al 1,6% para el año que viene. La reducción se explica principalmente por un menor monto destinado a mantener las tarifas energéticas, con una reducción de 16%.

Si hay algo que el gobierno tiene claro, es que debe bajar el nivel de inflación para que ésta no licue las ganancias del carry trade que se obtienen por un dólar prácticamente fijo. Es el único Plan Económico del gobierno, por lo que se pivotea sobre el consumo que realizan los hogares como variable de ajuste. Si se espera una caída real de 36,7% del total de subsidios, teniendo el promedio de inflación presupuestado (15,7%), ¿cuánto debe ser el aumento en las tarifas para compensar la disminución de los ingresos de las empresas de servicios públicos? (incluso sin mencionar los aumentos de segunda ronda).

Ello suponiendo que hay un apego total en la ejecución de las partidas presupuestarias. Pero teniendo en cuenta que en el acumulado de los primeros 8 meses del 2017 el gobierno ya gastó lo presupuestado en 2016, es de esperar que los montos de las reducciones se incrementen, dado que se estará subestimando lo gastado en el corriente.

Los subsidios en tarifas de servicios públicos son a la vez un salario indirecto: aumentan la cantidad de ingreso disponible que las familias canalizan como consumo, motorizando la demanda. Una política que los Estados tienen para asistir a las familias en los gastos diarios. Por lo que la reducción de 35 mil millones de pesos en subsidios pautada para 2018, será una reducción directamente proporcional en el ingreso disponible de las familias.

Con esta medida, el gobierno del presidente Macri pone de manifiesto su inquina contra el intervencionismo (siempre que no impliquen directamente un negocio para grupos privados). Se basa en una ideología liberal de que el Estado genera distorsiones cuando interviene en la determinación de los precios relativos de la economía (y no que puede solucionar distorsiones preexistentes, posibilidad que no es siquiera considerada por el Gobierno).

Si tomamos por separado el caso del transporte, la reducción real del gasto público para dicha cartera es del 22% para el año 2018 y 20,7 en términos de subsidios. Teniendo en cuenta que aproximadamente la mitad de los trabajadores registrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires residen en el Conurbano bonaerense, teniendo que movilizarse grandes distancias para concurrir a sus puestos de trabajo, el impacto social de dicha reducción será un duro golpe al bolsillo. A diferencia de carecer de gas, luz o agua, que hacen a la reproducción privada (e invisibilizada) de la fuerza de trabajo en esos hogares; carecer de transporte implica la posibilidad de asistir o no a un empleo formal – la alternativa en caso de no poder pagar el transporte es, entonces, una changa o el desempleo -.

Breve repaso histórico de las tarifas

El gobierno recibió una carga importante en cuanto al rezago de los precios en las tarifas de los servicios públicos. Esto ahora le sirve como argumento de un relato anti estatista: si el estado intervino e hizo desajustes, dejando actuar al mercado libremente los desajustes van a volver a equilibrarse.

El 6 de enero de 2002 Duhalde sancionó la ley de Emergencia pública y reforma del régimen cambiario, pesificando y congelando el precio de las tarifas. A medida que el crecimiento de la economía fue avanzando en 2003 luego de la crisis, de la mano del mercado interno las empresas solo cubrían los costos operativos - cuyo precio era menor al de los costos medios para brindar el servicio -. Para evitar tener que aumentar las tarifas y su impacto negativo sobre un consumo que recién comenzaba a recuperarse, se implementaron una serie de subsidios con la finalidad de garantizar la rentabilidad que el congelamiento tarifario no brindaba. Aquella decisión de política económica obedeció a la lógica distributiva del salario indirecto. Sin embargo, sus mecanismos de control fueron débiles (por no decir inexistentes).

En general, la tarifa debe permitir la recuperación económica de los costos y la remuneración de los activos esenciales (lo que se conoce como Base Tarifaria) más una tasa de beneficio “justa y razonable”. Al ser un servicio público, el Estado debe decidir si la autoriza o no.

En 2005 una de las mayores peleas del ministro de economía Roberto Lavagna con Néstor Kirchner fue la discusión en torno a la actualización de las tarifas estancadas. Roberto Lavagna sostenía que la no revisión de las tarifas sería un problema a futuro. Luego de tensiones, el funcionario salió eyectado del ministerio de Economía.
Si bien durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner hubo ‘sinceramientos’ tarifarios, resta saber cuál fue el mecanismo de actualización y la fórmula utilizada: pese a esos incrementos, el monto de los subsidios nunca dejó de crecer, permitiendo deducir que aún estaban rezagadas respecto del resto de los precios de la economía.

La realidad es que el Estado no obró mal al intervenir, sino que obró mal al intervenir mal. El gobierno de Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández de Kirchner después, utilizaron los subsidios para mantener planchadas las tarifas artificialmente y con el correr del tiempo la falta de actualización para no generar descontento social, volvió el rezago acuciante.

La calidad del servicio como determinador de la cantidad de servicio
Como todos los bienes públicos, los servicios tienen la característica de tener “efectos en red”: es decir que su utilidad depende del número total de consumidores o usuarios que hacen uso del mismo. En otras palabras, cuanto mayor sea el número de personas que utilicen el servicio, mejor puede ser la calidad prestada por la empresa administradora. De modo tal que al incrementar su costo se restringe la demanda de usuarios, afectando la calidad del servicio indefectiblemente. Tal como argumentaba el leitmotiv de la fiesta privatizadora de los 90: “el servicio andaba mal, el Estado intervino y siguió funcionando mal, el estado dejó de intervenir y el servicio no mejoró. El Estado tomó la acertada decisión de vender su empresa de servicios públicos a inversores privados”.

El hecho central es que, durante la mayoría de (o todas) las privatizaciones, el servicio no mejoró por estar en manos privadas, sino que se redujo a su mínimo indispensable (léase rentable) y muchas empresas fueron vaciadas y sus activos liquidados. Ese fue el caso de Aerolíneas, YPF y los servicios de telefonía, gas, agua y ferrocarriles.

Hoy estamos muy lejos del panorama de aquel entonces. El consenso social ya no es tan fácilmente manipulable y el consenso político no es tan unilateralmente dominable. Pero no deja de ser una advertencia, en momentos en que es voluntad manifiesta del Poder Ejecutivo el desfinanciamiento de las políticas públicas. Las consecuencias de la desregulación de aquellas empresas que cumplen un rol social (más que un rol comercial), son bien conocidas por los argentinos. Por eso, no podemos perder de vista el avance de las prácticas de mercado sobre el patrimonio nacional.




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