La Plata: presentaron los alegatos en el juicio contra la CNU
Ayer, en los Tribunales Federales de 8 y 50, la querella de Justicia Ya presentó los alegatos contra los miembros de la Concentración Universitaria Nacional (CNU) imputados Carlos Castillo y Juan José Pomares. Los abogados buscan demostrar que esta organización de la derecha peronista formó parte de la primera etapa del exterminio previo al golpe cívico militar. Fotos: Gabriela Hernández Por ANRed
A 5 meses del medio millón de personas en Plaza de Mayo contra el absurdo intento del 2X1 por parte del Gobierno, este jueves 11 de octubre se desarrolló una nueva audiencia del juicio contra la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en La Plata, precisamente en los Tribunales Federales de 8 y 50. La querella de Justicia Ya, a cargo de las abogadas Santos Morón, Garralda y Vilches, presentó los alegatos contra los imputados Carlos Castillo y Juan José Pomares, integrantes de la CNU.
Se trata de una organización paramilitar y terrorista de la ultraderecha que nació en el año 1968 en el ámbito universitario de La Plata, estrechamente vinculada con sectores de lo que luego sería la Alianza Anticomunista Argentina, más tristemente conocida como la Triple A. Los miembros de la CNU fueros responsables de numerosos asesinatos y acciones violentas en las universidades argentinas, y sus ataques estaban dirigidos principalmente contra estudiantes y activistas de las diferentes casas de estudio.
Durante la lectura de los alegatos, la abogada de la querella Pía Garralda manifestó que «están siendo juzgados sólo dos autores cuando hay al menos 40 represores que asesinaron a 68 personas”. Por otro lado, se agregó que «los jueces no consideraron los casos mencionados de las 68 víctimas como para introducirlos a la causa, que hubo una campaña de amenazas contra los testigos”. Según la querellante Luz Santos Morón, «hay un encubrimiento explícito mientras que este tribunal no hizo lugar a la ampliación planteada teniendo la posibilidad de hacerlo”.
Los imputados Castillo y Pomares quisieron hacerse pasar por víctimas de la dictadura. Ellos, en tanto miembros CNU, dijeron desconocer los métodos de la organización para-estatal. Para la querella «es inaceptable que represores de tal organización intenten considerarse víctimas del terrorismo de Estado”. Fueron varios los testigos que reconocieron a Castillo como el jefe CNU platense y a Pomares como su mano derecha. Se alertó también sobre la intención de este último por el beneficio de la prisión domiciliaria.
En relación a la figura del ex presidente Juan Domingo Perón, se cita durante la audiencia la carta donde el mismo «exige el aniquilamiento de grupos de izquierda en un país donde experiencias del clasismo combativo como el Cordobazo estaban vigentes. También, una clase obrera motivada por la revolución cubana”. Esa carta deja entrever cómo se va orquestando la persecución a un sinfín de organizaciones políticas. «Es el preludio de una política represiva. Con la vuelta de Perón, se constituye a la amenaza comunista como el blanco a destruir. El fundador de la CNU, Carlos Disandro, lleva la misma línea”, destacaron.
La querellante Carolina Vilches enfatizó en las características de la nombrada organización para-estatal. «Romper asambleas, enfrentarse a la militancia estudiantil, garantización de zonas liberadas, poner bombas a locales partidarios, uso de uniformes de las fuerzas de seguridad, allanamientos sin orden judicial, torturas y ejecuciones, armado de listas de `bolches´ a perseguir, creación de organizaciones universitarias para estatales. Todo especialmente cruel para aterrar a la población. Un camino que allanaría el camino al golpe de 1976”.
Para la querella de Justicia Ya, «la CNU tuvo apoyo de la curia a través de Antonio plaza, de la Policía Bonaerense, del gobierno provincial de Victoria Calabró, de Rucci mediante la CGT. También contó con el apoyo de la justicia que no investigaba. Los medios masivos eran el silencio o la tergiversación de hechos violentos adjudicándoselos a los grupos de izquierda. Incluso, el Ministerio de Bienestar Social colaboraba aportando autos y armas de fuego. Esta organización infundió el poder y controló al estudiantado en los colegios de la Universidad Nacional de La Plata. También, integró el Consejo Superior Peronista, espacio donde se resolvió qué era lo que se debía combatir”.
«El genocidio tuvo sus fases preparatorias. Los hechos criminales que aquí se juzgan deben ser considerados como una continuidad. Que durante la tercera presidencia de Perón se considera la necesidad de organizar la represión legal e ilegal para frenar a ese otro negativo, que es el enemigo interno. Se inicia una etapa de depuración ideológica, desmovilización política con la intervención de las universidades nacionales. La CNU secuestró y asesinó a las autoridades de la UNLP, Rodolfo Achem y Carlos Miguel”, advirtió la abogada Santos Morón.
El colectivo Justicia Ya demostró que esta organización de la derecha peronista formó parte de la primera etapa del exterminio previo al golpe cívico militar. Vilches especificó que «en la República Argentina el genocidio tuvo lugar entre los años 1974 y 1983 y se entiende a este concepto como la necesidad del aniquilamiento de un grupo humano para reorganizar las relaciones sociales”. «Las conductas atribuidas a los imputados son constitutivas como crímenes de lesa humanidad. Ya fue ratificada y existe jurisprudencia sobre este criterio como lo demuestran los Tribunales Federales de Mar del Plata. El ataque se dirige contra la población civil. Se trata de algo generalizado”.
La querella interpretó a «este juicio como una batalla, que ya lleva 40 años, de la mano de familiares y organismos de derechos humanos contra la impunidad. Acá estamos recordando a una generación de luchadoras y luchadores de este país que fueron perseguidos por su condición de militantes, que peleaban por una sociedad libre de explotadores y explotados. Los imputados tuvieron el objetivo de eliminar al grupo que consideraban como `sinarcas´ a través de un macabro modus operandi para inducir el terror en la sociedad. Deben ser considerados como autores del delito de genocidio.
Justicia Ya solicitó que «se incluyan en este juicio una serie de víctimas, como Enrique Rusconi, Rodolfo Achem e Ismael Torrilla. Que se investigue la responsabilidad penal de los miembros de la CNU, Antonio Jesús, Roberto Storni, Ernesto Álvarez, Nora Fiorentino, y todos aquellos que hayan surgido. Que se conecten todas las causas de la CNU. Que se los condene a cadena perpetua. Por la cárcel, común y efectiva”.
El tribunal señaló una serie de fechas estipuladas para la continuación del juicio. El 23 de octubre sería el turno de la defensa de Pomares con la lectura de los alegatos, mientras que el 6 de noviembre le correspondería a la defensa de Castillo. Se estima que previo al mes de diciembre se realice el veredicto del juicio CNU La Plata.