20 de septiembre de 2017

Medio Ambiente

El Amparo de Andalgalá, desamparado por la injusticia de Catamarca

Vecinos y vecinas de Andalgalá otra vez en la Corte de Justicia para solicitar respuestas a los reclamos por el Amparo de protección ambiental. Por Silvina Reguera para ANRed


El día de ayer, y tal como se hiciera la semana pasada, (ver nota La Justicia catamarqueña tiene una deuda morosa con el pueblo de Andalgalá), vecinos de Andalgalá se hicieron presente, nuevamente en el Poder Judicial de la capital catamarqueña para informarse de la situación del Amparo (presentado en 2010 y hasta la fecha: IRRESUELTO).

Como es de costumbre la justicia minera, vuelve a notificar a los vecinos, con una “cedula” de una sentencia sin copia de los fundamentos de la misma, en donde rechazan las recusaciones que les hicieran al Dr Rodolfo Cecenarro (Juez de Control y Garantías) y a su Secretaria Dra. Karina Ivonne Naame. Una vez más los vecinos se trasladan a la capital, en una peregrinación interminable en busca de respuestas que no están siendo dadas.

Ante esta situación y en medio de discusiones en las que los vecinos debaten cuestiones de derecho que tienen que ver con que los amparistas merecen obtener fotocopias no solo de los fundamentos de la sentencia, sino también de los dictámenes del procurador en las dos causas, de las recusaciones antes mencionadas, contra los funcionarios judiciales , que muy claro está que ya sentaron postura en contra del pueblo de Andalgala, cabe aclarar que Cecenarro fue quien firmó el acta donde manda a reprimir a los vecinos que se manifestaban por la Vida, en febrero de 2010, y ese es el motivo fundamental del porque se pide que apartamiento de la causa razón más que suficiente y debidamente sobreentendida.

En medio de ese diálogo, empezaron a preguntarse entre ellos (los empleados que estaban atendiendo a los vecinos) si podían o no sacar las copias, hasta en un momento deslizaron la posibilidad de “prestarles” el expediente para llevarlo, a lo que los vecino dijeron que No, porque solamente querían las copias para enviar a la abogada, entones, en ese momento les dijeron que es la letrada quien debe presentarse a pedirlas por escrito. Allí se provoca una discusión que tiene que ver con la Legitimidad de los amparistas, los cuales les advierten que si no obtenían respuestas, volverían con un escribano; ante este panorama, les dicen que sí tenían acceso si entraban en la pagina del Poder Judicial, en ese momento uno de los vecinos, le demuestra (en una computadora de la misma oficina) que si entran por Google a dicha pagina, allí solo está cargada la caratula de la causa y NO todos los escritos, sentencias, decretos actualizados que ellos requieren.

Después de varias idas y vueltas, discusiones de por medio y casi al final de la jornada laboral es cuando los notifican (ver foto del “acta”) diciéndoles que solamente la abogada estaba autorizada para sacar fotocopias y que los vecinos, los amparistas legitimados activos para pedir las copias, NO PUEDEN.

Ante esa imposibilidad, uno de los presentes, comienza a sacarle fotografías con su celular, a lo que le dicen que no podía hacer eso porque estaba prohibido y que no “comprometa a los empleados”, a lo que le responde que están cercenando un derecho constitucional, el debido proceso y el acceso a la justicia, además de cometer irregularidades muy graves con los vecinos de Andalgalá, porque no es una persona en particular, es todo un pueblo que está necesitando saber que es lo que pasó y cuáles son los fundamentos por los que se rechaza la recusación.

Finalmente y para poner en contexto la situación:

- No los dejaron sacar fotocopias del dictamen de la Procuración en las dos recusaciones.
- No los dejaron sacar fotografías del expediente.
- No publican las resoluciones judiciales.
- No permiten a la población, el acceso a la información y mucho menos a la justicia.
- Tampoco dieron copia de los dictámenes de la Procuradora Subrogante la Dra.Amalia Vera Zaragusti.

Y lo más grave de todo, en otra de las ya conocidas intentonas de ignorar a quienes, con el cuerpo luchan contra el poder corporativo feudal y minero, ponen por encima de la gente: el abuso de poder, aduciendo que es la abogada la única apoderada autorizada, cuando en realidad fue el pueblo quien le dio ese poder y esa autorización a modo de representante, y no por eso se sienta a esperar que sea el letrado quien haga toda la tarea, eso sería un tremendo error, ya que en realidad son los afectados los que le dieron seguimiento al expediente, a la causa y son los verdaderos actores en esta triste y vergonzosa historia.




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