17 de septiembre de 2017

Territorial

Crisis habitacional en Chivilcoy: relatos de un desalojo despiadado

El 2 de septiembre, alrededor de 80 personas entraron a un terreno ubicado en la calle Ayacucho, en la ciudad de Chivilcoy, Buenos Aires. Sin techo ni trabajo, la vieron: un dato que habría llegado desde el Municipio aseguraba que ese predio era fiscal y, ante la lentitud del Estado, avanzaron y lo tomaron. Dos días después, llegaron algunos secretarios de la Municipalidad, secundados por policías y topadoras. Sin mediar diálogo, echaron a las 22 familias que ya habían montado casillas precarias con sus pertenencias. Rompieron lo que había en el lugar y destrozaron todo. Por Federico Capobianco y Luciano Sáliche.


Llegar al hospital de Chivilcoy es fácil. Desde la plaza principal, el centro de la ciudad, el camino es derecho. Son dos kilómetros y medio. A la mitad, la avenida Villarino se transforma en Calixto Calderón. Un viaje seguro y por asfalto. Pero para llegar al horno donde 22 familias aguardan respuesta al desalojo que sufrieron de un predio usurpado días atrás, la cosa es más complicada, sobre todo si en los días anteriores llovió a cántaros. Del hospital hay que bajar algunas cuadras hacia la izquierda, pero el barro se vuelve trampa y no hay moto que logre llegar sin patinar. El sábado 2 de septiembre por la noche, alrededor de 80 personas entraron a un terreno ubicado en la calle Ayacucho, a metros de calle 93. Sin techo ni trabajo, la vieron: un dato que habría llegado desde el Municipio aseguraba que ese predio era fiscal, y ante la lentitud del Estado, avanzaron y lo tomaron. Dos días después, en las primeras horas de la mañana, llegaron algunos secretarios de la Municipalidad —Carlos Perillo de Seguridad y Juan López de Desarrollo Social— secundados por policías y topadoras. Sin mediar diálogo previo, echaron a las 22 familias que ya habían montado casillas precarias con sus pertenencias. Rompieron lo que había en el lugar, destrozaron todo, incluso el nebulizador de uno de los niños que estaba ahí. Una familia, al costado del predio, hacía tres meses que se había instalado: su casilla no sólo fue arrasada, también la prendieron fuego (aunque hay versiones cruzadas sobre quién lo hizo). “Nos dijeron que si no era por las buenas iba a ser por la malas. Nos empujaban a nosotras. A una mujer le dijeron que se vaya porque la iban a hacer un colador”, le dice a Polvo una de las mujeres desalojadas. Son 80 personas en total, la mayoría procedente de Paraguay: llegaron a Chivilcoy hace 14 años. El horno de ladrillo donde trabajan y viven —ubicado a unas diez cuadras del predio— está prácticamente sin funcionar. Perdieron su fuente de empleo y los dueños del horno les dicen que tienen que irse. La respuesta oficial fue un desalojo violento y la promesa de un diálogo que todavía pulula en el aire del palabrerío sin hacerse realidad. Ante este episodio que lejos está de haberse solucionado, surge una pregunta clave: ¿Hay una crisis habitacional en Chivilcoy? Polvo se comunicó con diferentes sectores de la Municipalidad, la respuesta fue unánime: prefieren no hacer ninguna declaración.

Todo por una mísera casa digna

La dirección es errónea en todos los medios: en calle Ayacucho y 93 hay casas construidas, aunque precarias, pero hay familias viviendo; en calle 93 entre Ayacucho y Laprida sucede lo mismo. Cuesta encontrar el predio desalojado por tal motivo, lo único que se ve en esa dirección son casas y un terreno cerrado con alambrado olímpico. Al frente un gran terreno sin calle ni loteo que da la impresión de ser un campo dedicado al trabajo. Luego de un vagabundeo circular, unos chicos sentados en la vereda nos orientan: “Vuelvan a donde estaban, es el terreno que está alambrado, todo pintado de blanco”. Allí estaba: al golpe de vista parece tener 15 o 20 metros por 100, cerrado por un alambrado olímpico impecable, rodeado de casillas y casas a medio construir. Es propiedad de Hormigonera Chivilcoy, de Nicolás Centurión, aunque hay quienes desconfían por la forma en que está delimitado del resto de las casas de la manzana. Una vecina sale de su hogar hecho de chapas y madera y cuenta que el predio que tenemos frente a nosotros fue alambrado hace unos días, que antes sólo estaban los postes. Si la dirección genera dudas es porque el predio se encuentra sobre la calle Ayacucho, a 30 o 40 metros de la esquina con calle 93. ¿Por qué si los medios indican todo el predio, el terreno alambrado es solo una parte?

Esta vecina llegó a Chivilcoy hace tres años. Es de Paraguay pero estuvo casi una década viviendo en Buenos Aires. “La gente que echaron de acá no tiene nada, en ese lugar al que volvieron, donde están ahora, las condiciones son horribles. Yo tengo mi casita, que es feita pero es mía —dice y señala su hogar—, no se llueve, no tiene humedad, en cambio la de ellos sí. Allí el piso es de tierra, los chicos tienen sarna y están todo el día enfermos”. Luego continúa: “Yo todo lo hice sin la ayuda de nadie. A nosotros nunca nos ayudaron de Desarrollo Social, una vez me prometieron que si yo lograba hacer los cimientos de una pieza me iban a brindar los materiales para levantarla, y ahí están los cimientos y ahí van a quedar”. Cuando fue el desalojo, ella llegaba en un remis por la calle Laprida, la cuadra donde se ve un gran portón para ingresar al terreno alambrado. Asegura haber visto a Centurión en una camioneta gris, escondido detrás de los patrulleros. También asegura que el terreno es fiscal, su familia —tiene cinco hijos— se instalaron cuando Darío Speranza era el Intendente. “Es imposible que Centurión sea propietario de solo esa parte y del terreno donde tengo mi casa no, si eso no es mío. ¿O sea que esa parte es fiscal y esta no?” Mientras dos perros flacos y gruñones juegan a su lado, ella habla tranquila y mueve las manos. “Nosotros somos una comunidad grande acá y todos votamos a Britos. Ahora no sé…”, comenta sobre el actual Intendente de la ciudad, y sonríe con una ironía rancia.

Destinados al barro eterno

Encontrar el horno de ladrillos del que partieron las familias pero volvieron luego del desalojo es difícil. Sin apellidos, sin calles específicas, sin datos claros es complicado encontrar cosas en cualquier pajar: son varios los hornos en la zona. Pero todo barrio tiene sus códigos, sus claves, su solidaridad; entonces llegamos preguntando a los pocos vecinos que estaban en la vereda durante ese atardecer de sábado fresco y nublado. Mientras la tierra mojada se erigía impenetrable, unas chicas que entraban con la moto de tiro nos condujeron amablemente hacia el interior del horno. Al fondo se veía un grupo de hombres y niños jugando al fútbol. Un muchacho joven de no más de 30 años salió a recibirnos. Apretón de mano inaugural y, luego de cierta desconfianza lógica, empezó a narrar la problemática que atraviesan. Prefirió no grabar la conversación: “Estamos asustados porque nos denunciaron penalmente, eso es lo que más nos importa”, comenzó diciendo, cosa que Polvo pudo chequear: el propietario del predio fue el que acudió a la Justicia, la cual —como suele decirse— ya tomó cartas en el asunto. “Nos tuvimos que ir porque acá no se puede trabajar, este horno no rinde. El dueño nos aguanta un tiempo pero nos tenemos que ir, porque el horno da para tres cortadores y acá somos 22 para trabajar porque somos 22 familias”.

De a poco fueron acercándose más personas hasta ser 10, entonces las mujeres tomaron la palabra. Hace 14 años que viven en Chivilcoy, se vinieron directamente desde Paraguay. Sus hijos van a la escuela 30, a la 33, a la 914 y otros al Nacional. Pese al manto xenófobo que suele tapar la vista de muchos ermitaños, estas familias ya son vecinos chivilcoyanos. Pero, ¿qué pasó durante los días previos al desalojo? “Nunca nos vio ni nos recibió nadie. En el desalojo aparecieron sin decir nada. La policía entró mal, mostrando rápido un papel que apenas nos lo dejaban ver mientras las topadoras arrastraban todo”, comentó una de las mujeres. Horas después del desalojo, trataron de analizar la situación con la poca frialdad que les quedaba. Decidieron, entonces, manifestarse en la puerta de la Municipalidad y por la noche acampar. Finalmente, y ante la falta de respuestas del Estado y el frío invernal, prefirieron desistir. Algunos se alojaron en casas de familiares, el resto volvió al horno de ladrillos.

Este episodio muestra a las claras dos puntos a debatir de forma urgente. Por un lado la crisis habitacional en una ciudad que durante los últimos años creció a paso agigantado. En los márgenes de Chivilcoy se forman barrios precarios donde las familias viven hacinadas. Frente a esto, el Municipio no tiene una respuesta clara salvo esperar que la mano del Ejecutivo Provincial ponga en sus bolsillos algo de dinero para destrabar los planes federales de vivienda. Mientras tanto, el ofrecimiento a corto plazo fue costear el 80% de los tres primeros meses de alquiler. El problema es que, sin una ayuda más comprometida del Estado, estas familias no pueden conseguir domicilio porque no tienen trabajo formal y muchos tampoco cuentan con documento: esto imposibilita que logren encontrar alguien que les alquile. La lógica del mercado inmobiliario no es la de la urgencia: en principio, piden garantía, y para ellos resulta imposible conseguirla. Pero por otro lado, y este punto no es menor, está la violencia en el desalojo. Como precedente, en 1997, cuando Fernando de la Rúa era el Intendente de la Ciudad de Buenos Aires firmó un decreto anterior al Código Penal Procesal y aún vigente, el 1.126, que dice: “Previo a los actos de desalojo (…) deberá darse intervención con suficiente anticipación a la Secretaría de Promoción Social, a fin de analizar y evaluar la situación social de los ocupantes y coordinar la acción social a desarrollar”. En el predio ubicado sobre la calle Ayacucho, la policía con sus topadoras actuaron como si la Secretaría de Desarrollo Social fuera un cartel despintado al costado de la ruta: la propiedad privada ante todo.

Por qué una crisis habitacional

“Hubo mucha violencia de parte del Estado. No les dieron ni tiempo de sacar las pertenencias de las casillas que habían armado, como que les pasaron con las topadoras por arriba. Los tomaron como delincuentes, que habían cometido un delito, y no como personas que son sujetos de derecho”. El que habla es Ezequiel Caselles, arquitecto, militante social, candidato a concejal por Vamos. “Hay una crisis habitacional en Chivilcoy, pero vale la pena decir que es una problemática que atañe también a la Argentina y a nivel continental”, sentencia desde el local del partido, ubicado en la calle Bouchardo, mientras ceba un mate y lo convida. “Mi mirada al respecto es la de siempre comprender que la vivienda es un derecho humano, y muchas veces, cuando se opina de afuera con el dedo acusador, no se puede ver el problema real ni a las personas reales que lo están padeciendo. Hoy o por hoy acceder a la vivienda significa poder acceder a la tierra. Algo que no sucedía antes: en las generaciones pasadas, de nuestros viejos y abuelos, el acceso era relativamente más fácil y el valor del terreno significaba entre un 10 y un 20 por ciento de la inversión total en la vivienda. Hoy por hoy es un casi un 50 por ciento, el terreno cuesta lo mismo que construir la totalidad de la casa. Es de ese problema de acceso a la tierra donde el Estado se ha corrido y dejado al mercado inmobiliario la cancha libre para hacer y deshacer a su antojo.”

Esquivando los partidismos y los debates miserables sobre las fronteras nacionales, la mirada de Caselles es clara porque está puesta en la problemática: “Hay una Ley provincial muy interesante que se llama Ley de acceso justo al hábitat, ley 14449, que está vigente y le da a los municipios la posibilidad de gestionar políticas en torno al tema. El Estado municipal puede, amparado por la ley, lotear, pero antes tiene que salir a comprar lo que algunos llaman banco de tierras: que el Estado tome una parte de las tasas que cobra, compre tierras y las ponga a disposición de los ciudadanos a partir de financiamiento blando y así facilitar el acceso. Bueno, hoy en día, no se está implementando, el Estado está ausente en este sentido y lo que está sucediendo es que los privados, el mercado inmobiliario, amparándose en la ley, son quienes compran quintas particulares, las lotean y las ponen a la venta. Entonces hay una ampliación en la oferta de terrenos pero a valores inaccesibles.”

La problemática de la vivienda en Chivilcoy tiene soluciones. No es un monstruo indomable que se lo mata con balas, desde el Estado, con punitivismo y represión. “Lo importante es ir hasta el fondo, generar políticas de planificación”, comenta Caselles y asegura que podría realizarse, con estas familias puntualmente, una cooperativa de ladrillos. También habla de la posibilidad de gestionar un corralón municipal. La vivienda, la tierra y el trabajo pueden verse envueltos en un círculo que, con voluntad estatal y planificación, funcione solo. “El Estado puede tener una visión estratégica”, agrega convencido.

El tic-tac de las soluciones que no llegan

Cuando Carolina Zunino llegó al lugar todavía no eran las dos de la tarde. “Ya habían arrasado con las topadoras. Estaba todo hecho un desastre. La situación desbordaba. La gente decía que se iba a quedar. Yo me presenté como integrante del Frente de Derechos Humanos porque no quería que piensen que quería sacar rédito político. Fuimos con algunos compañeros y preguntamos cómo había sucedido todo. Nos dijeron que había habido una comunicación con la Fiscalía y que se procedió al desalojo y destrucción de todo lo que había. Pedimos audiencia pero no nos dieron”, le cuenta a Polvo esta trabajadora social, parte del Frente por los Derechos Humanos y candidata por Vamos, y enseguida agrega: “Violaron la Ley 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, que es la que interviene en situación de vulneración”. Ella intentó hablar con las autoridades pero un péndulo burocrático se encargó de disipar cualquier respuesta. “La gente ocupaba el predio desde el día domingo. Si estaban usurpando es delito, pero como ellos ya estaban adentro tenían que haber actuado de otra manera”, dice y cita un precedente: una situación similar en noviembre de 2016, en la Avenida 22 de Octubre y Calle 110, ahí donde el Street View no llega, logró encauzarse en un diálogo más claro: “En aquel entonces metimos tanta presión que los concejales hicieron una resolución para pedirle al Ejecutivo para que se busque una solución”.

Miriam Carballo de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) también llegó al predio ni bien se enteró del desalojo. “El Secretario de Desarrollo Social, Juan López, me llamó, me informó y me dijo que no vaya que ya estaba todo solucionado pero yo me acerqué igual para asegurarme que las familias que yo conozco, porque de las familias afectadas hay compañeras de la CCC, no durmieran en la calle”. Como es de costumbre, las tácticas evasivas de muchos sectores llevan a discutir culpas políticas en vez de situarse en resolver el problema y analizar la raíz. Ante las acusaciones, Carballo se desmarca segura: “La CCC está fuera del conflicto electoral que se armó. Había un acuerdo de negociación y acá el que se enoja pierde. No se puede negociar generando otro conflicto paralelo; y todos sabemos como es Guillermo Britos, tiene esa impronta milica y en caliente no se le saca nada. Después, si el lugar tenía dueño o era fiscal es algo a investigar. También dicen que el terreno está en sucesión, pero como el gobierno de Britos le debe dinero a la empresa actuaron de esta manera. Esta versión también tiene que ser investigada. Pero que el tema habitacional de Chivilcoy es grave, es verdad. Que el gobierno nacional hace dos años que no inicia planes federales en Chivilcoy, también es verdad. Hay que elevar un proyecto al Concejo para que Chivilcoy tenga un lugar de tránsito para estos casos.”

El Movimiento Evita también habló con Polvo. Micaela Roman, militante de la agrupación, contó que llegó al predio y “la policía ya había actuado, sin orden judicial, rompiendo todas sus pertenencias”. “Trabajan en un horno de ladrillo que está en quiebra, y claramente les dio una semana para irse del lugar. O sea que no solo quedaban sin un techo, sino también sin trabajo”, agregó para luego referirse a las acusaciones políticas que se lanzaron entre diferentes partidos, fogoneadas por algunos medios locales: “Tienen que ver con la estigmatización de la lucha popular. Por otro lado, nosotros creemos fervientemente en que los problemas políticos se resuelven con política y no en lo penal. Este tema ayudó a desenmascarar a Britos y dejar a la luz su ideología y política”. Hoy la situación está estancada. Las familias esperan que se destrabe la burocracia pendular y se concrete esa audiencia prometida. Siguen viviendo en el horno de ladrillos. Perdieron el trabajo y sus casas, que pronto tendrán que dejar, son de una precariedad indudable. Lo que sí avanza es la denuncia penal que el dueño del predio les realizó ante la Justicia, así como también un reloj sigiloso que cuenta cada segundo, tic-tac, tic-tac, que pasa en Chivilcoy sin que se comience a resolver la crisis habitacional que hoy, septiembre de 2017, es evidente. Y en algún momento va a estallar.

Fuente: Polvo




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