25 de junio de 2017

Economía

Gasto público y costos laborales, el rumbo del ajuste

La crisis del capitalismo nacional obliga al gobierno a avanzar más rápido de lo previsto en supuestas mejoras para la actividad económica. El eje ordenador es la búsqueda de nuevos niveles de competitividad. El saldo social resultará costoso. Por Eduardo Lucita.


Apenas asumido el gobierno de Macri se fijó como prioridad, junto con la desregulación cambiaria y el pago a los fondos buitre, el combate a la inflación, según el oficialismo principal obstáculo para el crecimiento de la economía. La gestión económica a cargo del ministro Alfonso Prat Gay no tuvo mayores resultados en este terreno, lo cual sumado a disputas internas, determinó su desplazamiento siendo reemplazado por Nicolás Dujovne.

Sin embargo esto no significó un reforzamiento de la administración económica sino que en paralelo el presidente Macri empoderó al titular del BCRA, Federico Sturzenegger que, como es conocido, es un cultor confeso de la ortodoxia neoliberal. De acuerdo con sus concepciones teóricas -inflación de demanda- optó por la política de metas de inflación, manteniendo el rango de 12-17 por ciento fijado por Prat Gay para todo el año.

Pasados los primeros cinco meses, el acumulado arroja una inflación cercana al 11 por ciento, bastante más de la mitad que lo esperado para los doce meses. Si bien el BCRA se niega a modificar al alza su meta, diversos funcionarios reconocen que ésta ya no es posible de cumplir y han elevado su pronóstico al 20 por ciento. En tanto que los principales analistas estiman que puede oscilar entre un 22 a 25 por ciento.

Inflación de demanda

Como lo hemos señalado en anteriores notas, el gobierno insiste en que el alza continuada de los precios es el resultado de una inflación de demanda, por lo tanto hay que bajar el nivel de actividad económica hasta que la demanda se equilibre con la oferta; una vez logrado ese equilibrio la inflación estaría controlada. Traducido significa que hay demasiado dinero en la plaza, lo que obliga al BCRA a subir las tasas de interés para esterilizar parte de esa masa monetaria.

Pero sucede que con tasas de interés del 25,5 por ciento no solo se encarece el crédito sino que se atraen capitales especulativos que, con un tipo de cambio atrasado, logran un rendimiento en dólares que no se consigue en otros mercados del mundo. El BCRA tiene que comprar esos dólares -sumados a los que ingresan por la nueva deuda por bonos que coloca el gobierno- caso contrario el tipo de cambio se hundiría más aún, con lo que vuelve a emitir moneda que tiene que esterilizar. Al día de hoy el stock de Lebac es superior a la totalidad del capital circulante (efectivo más depósitos en cuentas corrientes y de ahorro) y el interés de las mismas más los de los bonos recae sobre el déficit fiscal. Un círculo vicioso perfecto.

También de costos

En las últimas semanas el gobierno parece haber aceptado el reclamo de los industriales de la UIA, en el sentido que la inflación tiene también un componente de alza de los costos de producción, que también impacta en las decisiones de inversión. Estando el tipo de cambio atrasado, lo que abarata las importaciones de equipos, componentes e insumos para la producción, el peso del alza de costos recae sobre las tarifas, que crecen por la quita de subsidios; por la presión tributaria, que consideran muy alta y por los costos laborales, especialmente los llamados indirectos (léase condiciones de trabajo).

Después de octubre

Así las cosas los principales, gurúes de la City, que muchas veces dicen lo que los funcionarios no pueden decir, no han vacilado en señalar que con esta inflación las inversiones no vendrán y la economía no arrancará. Alguno incluso ha dicho sin filtro que de seguir así “todo se puede ir a la m…”. Junto con el gobierno responsabilizan al déficit fiscal, resultado del alto gasto público, y a los costos laborales. No se les ocurre pensar que la quita de retenciones y de los gravámenes a la exportación han resultado en una pérdida de 1,5 puntos de los ingresos y que la recesión ha influenciado también en su baja (se calcula que por cada punto que cae el PBI la recaudación fiscal cae 1,4), agudizando así el déficit fiscal.

El único funcionario que se sinceró fue el ministro de Finanzas Luis Caputo, que ante potenciales inversores, afirmó que “el círculo rojo nos critica por no hacer un ajuste más violento. Después de octubre haremos el ajuste”.

El gasto público

Si bien algunos analistas dicen que el déficit fiscal de este año rondará los 6 puntos del PBI, el presupuestado es de 4,2, el gobierno dice que se logrará este objetivo, que ha contado con el concurso por única vez de los ingresos por el blanqueo de capitales, estimados en un punto del PBI. Para el año que viene se propone llevarlo a 3,2, reduciéndolo un punto. Otra vez no se tratará de incrementar los ingresos, salvo lo que resulte del crecimiento de la economía, sino de reducir el gasto público.
Conviene repasar la composición de este gasto. El 56 por ciento es gasto social (de éste el 34 se va en jubilaciones y pensiones y el 10 en AUH más asignaciones familiares. El resto incluye PAMI, seguro de desempleo, Repro y diversos planes sociales); 17 por ciento en salarios públicos más universidades; 10 por ciento en subsidios y 9 en obras públicas. El resto son consumos del Estado (tarifas, combustibles, mantenimiento de edificios, etc.). Saque el lector sus conclusiones de por dónde puede venir el recorte del gasto.

El costo laboral

Para el capital el salario constituye uno de los costos de producción y su nivel es un factor para determinar la tasa de ganancia, que a su vez es función de la productividad.

Para la economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) Nuria Susmel, en el cálculo del costo laboral “se suele tener en cuenta el salario bruto y los aportes patronales, ART y vacaciones, pero para cada sector y empresa hay otros costos que vienen de los convenios colectivos, por ejemplo, uniformes, controles médicos, viáticos, viandas, feriados compensatorios, etc., que dependen del sector y a veces del tamaño de la empresa”.

Desde que asumió el gobierno de Cambiemos el costo salarial directo está siendo licuado lentamente por la inflación. Este año la brecha entre inflación y paritarias será nuevamente negativa para los estatales, mientras que los privados están cerrando en un promedio del 22 por ciento en cuotas con clausula gatillo, lo que en el mejor de los casos equiparará el alza de precios.

Pero a los grandes empresarios no les alcanza y ahora ponen el acento en los salarios indirectos. Por eso avanzan en la modificación de los convenios colectivos -con la intervención del Estado y el colaboracionismo de las direcciones sindicales- buscando mejorar las condiciones de productividad en detrimento de las condiciones laborales. Por si algo faltaba el propio presidente de la Nación embistió contra el ausentismo, la litigiosidad y el fuero laboral.

Los recortes fiscales en carpeta y la ofensiva sobre los derechos laborales son de una magnitud tal que muchos analistas y dirigentes políticos de los partidos mayoritarios ya están hablando de la necesidad de consensos políticos para poder concretarlos. No en vano semanas atrás visitó el país y participó de numerosos encuentros el economista español y antiguo militante del PCE, Ramón Tamames, uno de los artífices del Pacto de la Moncloa.

Eduardo Lucita, integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).




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