30/03/2017

Del indio a la Time Warp: la droga como chivo expiatorio (IV)

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A menos de un año de las muertes en la «Time Warp”, nuevamente la desidia se llevó la vida de jóvenes en un evento. En este caso fue el masivo recital del Indio Solari en Olavarría. Hubo dos muertes, y muchos jóvenes incomunicados y por un tiempo desaparecidos. Además de la organización y las fallas en los servicios básicos de infraestructura, también hubo una fuerte desidia informativa y nuevamente papelones por parte de los medios hegemónicos. Sumado al uso de «la droga” como desvío de los verdaderos problemas de fondo, hubo desidias en cuanto a la información inmediata y posterior al desastre. A dos semanas ya no se habla de la desidia, no hubo sanciones al intendente, y el tema perdió presencia en los medios. Por Ramiro Giganti, para ANRed.


Aclaración: esta es la 4° parte, de una serie de notas escritas los días posteriores a lo sucedido en la fiesta Time Warp, pero forma parte de un contexto aún mayor relacionado a muertes en eventos juveniles y el ataque a las víctimas de parte de varios medios masivos

A casi un año de lo sucedido en Costa Salguero, no hubo responsables políticos penalizados, no se aprobó la indagatoria al Jefe de Gobierno Porteño y se bloquearon todas las investigaciones en torno al uso de los terrenos de dicho evento: tierras fiscales cedidas a precios irrisorios a grupos empresarios vinculados al gobierno. Sí hubo una fuerte estigmatización a la música electrónica: se suspendieron eventos, y se puso el «dedo acusador” en un entorno que no siempre tenía relación, siquiera con dicho evento. Un ejemplo de vergüenza institucional cargado con una fuerte dosis de ignorancia fue la suspensión (que por suerte luego fue quitada) a un espectáculo del grupo alemán de culto en la música tecno Kraftwerk en noviembre del año pasado, en el estadio Luna Park. El evento había sido suspendido por una medida institucional que «prohibía” a la música electrónica, tomada luego de las muertes ocurridas durante la Time Warp, en Costa Salguero. Es decir, que se tomaron medidas contra el arte, que nada aportaron al esclarecimiento.

A casi un año de dichas muertes, la vida de los jóvenes sufrió varios retrocesos desde lo institucional: las victimas por la represión (como por ejemplo los casos de gatillo fácil) crecieron. El informe anual del CORREPI, en diciembre del año pasado sentenció que una persona había perdido la vida cada 25 horas por la represión institucional. Los días siguientes la estadística empeoró. También fueron más las víctimas de violencia de género. Mientras el gobierno recortó el presupuesto a la asistencia de ellas, una mujer murió víctima de violencia de género cada 25 horas en 2016. A principios de este año, la cifra empeoró. El salarió perdió valor en relación a la inflación, se perdieron puestos de trabajo y la problemática en torno a la educación pública es más que evidente.

En este contexto, el pasado 11 de marzo, una nueva «misa ricotera” trasladaba a cientos de miles de personas al municipio de Olavarría, para presenciar lo que se anunciaba como el posible «último concierto del indio”. Algunos medios anunciaron el evento y hasta el propio intendente de Olavarría se expresó en Twitter la semana previa anticipando «un evento histórico”.

«Noticias de ayer”: el papelón de los medios hegemónicos

En numerosos medios hegemónicos y programas frívolos de televisión se puso el foco en los «excesos en el recital”, se habló de consumo de drogas como el agravante de las muertes, e incluso fueron titular de noticias los niveles de alcohol en sangre de las dos víctimas fatales, cuyas cifras podrán no pasar un control de alcoholemia para conducir un automóvil pero tampoco son niveles que puedan generar un coma alcohólico (uno de ellos tenía 1,7 y el otro 2,03, cuando la dosis estimada para entrar en un coma etílico es de 4 miligramos). En un caso se habla de 1,33 mg de marihuana (nunca se conocieron casos de muerte generados exclusivamente por el consumo de cannabis), en el otro de 1,2 mg de «estupefacientes”. Pero incluso antes de conocerse los resultados de las autopsias de las víctimas, se habló de «descontrol y drogas” (no solo «se habló”, sino que ocupó titulares y zócalos en programas televisivos) sin las fuentes pertinentes, solo el rumor y el estigma hacia su público.

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Curiosamente muchos de los mismos medios que estigmatizaron el evento, pocos días antes se mostraron ansiosos por la «vuelta del fútbol” criticando el paro de jugadores y deseando que el futbol vuelva «como sea”. Hubo más muertes en las tribunas de fútbol que en conciertos de rock. En las canchas se siente el mismo «olor a marihuana” que en los recitales, sin embargo nadie critica a un plateísta por «llevar a su hijo a la cancha”. Una nota escrita por Pablo Alabarces, compara con lucidez ambos fenómenos y resalta las diferencias a la hora de enfocarlos por parte de los medios hegemónicos, comparando incluso las «avalanchas” con un episodio similar ocurrido en el partido entre Boca y Banfield, ocurrido el mismo 11 de marzo.

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Quedará para otra nota analizar lo ocurrido en el reciente paro de jugadores de fútbol, y como los medios hegemónicos «pasaron vergüenza” anunciando que la fecha se jugaba sin que esté confirmado. También el rol extorsivo de sus patronales y las pertinentes comparaciones con otros paros, como por ejemplo, el paro docente.

Pero el más trascendente de los papelones mediáticos tuvo como protagonista a la agencia de noticias estatal Télam, que sin chequear fuentes «informó” la muerte de 7 personas. La «noticia” fue levantada por otros medios hegemónicos, y puse en evidencia numerosas miserias en el entorno de los medios hegemónicos. Por una parte el «ajuste presupuestario” en desmedro de la información, ya que Télam no había enviado a ningún corresponsal a cubrir el evento y dicha desidia fue denunciada por el sindicato de periodistas SiPreBa.

«Juguetes perdidos”: los pibes que faltan

Enumerarlos a todos es imposible. Lamentablemente el enorme número sigue creciendo. Desde Walter Bulacio a Rubén Carballo, asesinados en situaciones similares, ambos en las inmediaciones de un recital de rock, golpeados brutalmente por la policía. El caso de Walter es más que conocido, que además fue recordado por la tremenda casualidad del nombre de una de las dos víctimas en el último concierto del Indio Solari: Juan Bulacio.

El caso de Rubén Carballo es la historia repetida de un accionar institucional impune. El 14 de noviembre de 2009, 18 años después del asesinato de Walter Bulacio, Rubén se encontraba en las inmediaciones del estadio de Vélez, para ver el concierto que marcaba la reunión del grupo Viejas Locas. Rubén tenía la entrada en su bolsillo que había comprado hace meses. Rubén fue golpeado brutalmente por la policía, que justificó el accionar diciendo que Rubén había intentado colarse. Rubén falleció el 8 de diciembre de ese año tras pasar tres semanas luchando por su vida.

Ismael Sosa fue visto con vida por última vez el 24 de enero de 2015 en las inmediaciones de un concierto del grupo La Renga en la provincia de Córdoba luego de cruzar el primer control. Su novia, que caminaba delante de él, lo perdió en un momento y nunca más lo volvió a ver. Dos días después fue encontrado sin vida el cuerpo de Ismael. Testigos afirman haberlo visto con policías. Sus familiares se movilizaron exigiendo justicia.

Estos tres casos, son solo una parte de la cantidad de jóvenes que deberían estar con vida y fueron asesinados sin motivo por las autoridades. La criminalización hacia las víctimas directa o indirectamente promueve un soporte ideológico al accionar represivo cuyas consecuencias, entre otras, fueron estos casos. De las 194 víctimas de Cromañon, a las 17 víctimas del incendio del boliche Kheyvis el 20 de diciembre de 1993 en Olivos (durante una fiesta de egresados de chicos del colegio Lasalle), en un boliche donde había 600 personas, pero la capacidad era de 150.

«Ropa sucia afuera”: los responsables políticos

Al momento no se conocen procesos judiciales contra el intendente de Olavarría Ezequiel Galli, más allá de una interpelación pasadas dos semanas del episodio del pasado 11 de Marzo. Por su parte, no hubo interpelación al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, por lo ocurrido en Costa Salguero. La cesión de los terrenos a precio irrisorio a la empresa Telemetrix, y uno de sus apoderados, Fernando Adolfo Polledo Olivera, esposo de Carmen Polledo, quien es vicepresidenta primera de la Legislatura porteña, evitó y silenció discusiones en la legislatura sobre el tema.

Vale mencionar, sumado a los episodios mencionados anteriormente como Cromañon y Kheyvis, un episodio en el exterior y sus consecuencias políticas. En la ciudad de Bucarest, capital de Rumania, el incendio en la discoteca Colectiv, se llevó la vida de 60 personas el pasado 30 de octubre de 2015. Tras las pericias que probaron numerosas irregularidades, la fiscalía presentó cargos contra los dueños del local, que fueron detenidos dos días después tras prestar declaración durante diez horas. El ex alcalde del sector 4 también fue investigado por otorgar la licencia al local, y detenido al probarse su vínculo. Pero no fue suficiente para el pueblo rumano: el 4 de noviembre, a menos de una semana de la masacre, y tras protestas en las calles, el Primer Ministro Victor Ponta renunció a su cargo por la inacción del ejecutivo.

Las movilizaciones, además de dicho episodio, estaban motivadas por otras denuncias de corrupción. Hace dos meses el pueblo rumano volvió a las calles a denunciar la corrupción de sus gobernantes. El episodio parece lejano no solo por lo territorial, sino también por las consecuencias posteriores en torno a las autoridades. Más allá de un puñado de condenas, con mucha demora, luego de la masacre de Cromañón (que tampoco conformaron a la mayoría de los familiares de las víctimas), las responsabilidades políticas no suelen ser condenadas. Mientras Aníbal Ibarra volvió a la política y es actualmente legislador porteño, el pueblo Rumano salió nuevamente a las calles hace dos meses, ante la posibilidad de que el partido político del ex Primer Ministro Ponta vuelva al poder.

Volviendo a Olavarría: los vínculos de Ezequiel Galli con el concierto del Indio Solari son evidentes. No solo por ser el intendente de una ciudad de 100 mil que aceptó recibir un evento con una convocatoria que duplica (o triplica) su población, sino por haber hecho campaña la semana previa al evento, tanto en redes sociales, como desfilando por radios medios locales anunciando el evento.

El pasado lunes 27 de marzo, el intendente de Olavarria Ezequiel Galli fue citado a indagatoria por la Legislatura en un horario extraño (20:30hs) y con muy poca cobertura de medios en relación a la trascendencia que habían tenido, pocos días antes, el evento y los incidentes. En sus declaraciones buscó permanentemente desvincularse de los episodios cargando toda la responsabilidad en la productora. Al ser indagado sobre las responsabilidades gubernamentales por la magnitud del evento asumió responsabilidades de los organismos de seguridad, pero insistió en desligar su gestión al ser provinciales y nacionales (vale recordar que el intendente pertenece al mismo espacio político que el gobierno nacional y el bonaerense), admitiendo la escasa presencia de efectivos de seguridad, tanto de la policía federal, como de la bonaerense.

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Lo que parece ausente es que el Ministro de Seguridad de la provincia Cristian Ritondo había visitado Olavarría dos días antes del evento, el 9 de Marzo, sin embargo Ritondo también había intentado desentenderse del episodio en una conferencia de prensa días después de lo ocurrido.

Además de los twits y desfile por radios y medios locales del intendente Galli, la semana previa al concierto, la visita de Ritondo fue posteada en la cuenta de twiter del intendente, anunciando partidas presupuestarias. ¿No planificaron nada en torno al evento? ¿La prioridad era el anuncio y la campaña antes que la prevención?
Tanto Ritondo como Galli continúan en sus funciones actualmente.


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