18 de febrero de 2017

Nacional

Difíciles relaciones entre ajuste y electoralismo

El ajuste en tiempos electorales siempre se trata de evitar pero el gobierno adelantó una agenda que beneficia a empresarios y perjudica a trabajadores. ¿Obedece a presiones corporativas o se siente seguro frente a las próximas elecciones? Por Eduardo Lucita.


El 2017 será un año signado por las elecciones de renovación parlamentaria. Tradicionalmente en los años electorales la economía juega un papel significativo y
los gobiernos buscan sacar partido de ella mientras se cuidan de no afectar el voto popular. Sin embargo las iniciativas gubernamentales desde principios de este año parecen ir en otra dirección.

Si se observa el comportamiento político de los últimos tiempos se verá que en los años pares la economía tiene una baja performance porque los gobiernos buscan poner en caja las principales variables macroeconómicas, mientras que en los impares -años electorales- impulsan la economía estimulando la demanda y buscan atraer el voto obrero y popular con concesiones de diverso tipo. Sin embargo pareciera que este año esta regla no se cumpliría. Cuando la campaña ya está en las gateras el gobierno ha adelantado una agenda de reformas regresivas que benefician a los empresarios en detrimento del salario y las condiciones de trabajo.

El ajuste en tiempos electorales siempre ha tratado de evitarse: ¿cuáles podrían ser las razones para este golpe de timón? ¿Está el presidente Macri aceptando las presiones de sus pares, los grandes capitalistas? ¿Ante las dificultades que plantearía una nueva devaluación, busca mejorar la productividad por mayor explotación de la fuerza de trabajo? ¿El gobierno se siente seguro frente a las elecciones? ¿Cómo incidirá el affaire del Correo Argentino?

Economía sin expectativas

La economía no envía buenas señales, no despega, los brotes verdes brillan por su ausencia y ahora el horizonte se ha corrido al segundo trimestre. Descartado un crecimiento por el lado de inversiones del sector privado, el gobierno apuesta a la obra pública, pero la inversión estatal -viene muy demorada- no supera el 3 por ciento del PBI por lo que su impacto en el crecimiento es muy pobre; la restricción monetaria ha sido dejada de lado -la emisión ya es similar a la que había en 2015- y el BCRA mantiene alta la tasa de interés, ya que su objetivo es la baja de la inflación, que lo hace más lentamente de lo esperado. De apuro el Banco Nación ha sacado una línea de crédito a 50 cuotas, y al mismo tiempo quieren imponer techo a las paritarias. Por lo tanto ¿cuánto será la reactivación del consumo que explica nada menos que el 75 por ciento del PBI y que empujaría el crecimiento de la economía? Es una incógnita.

De todas formas es muy probable que a partir de abril se registre un rebote técnico -se sabe, hasta un gato muerto rebota- que puede compensar la caída generalizada del 2016 pero no mucho más. No moverá el amperímetro del empleo ni mejorara los salarios.

Lo hemos dicho en una nota anterior, es la dinámica de la continuidad de la crisis la que impulsa el ajuste: control salarial y el adelantamiento de una reforma laboral destinada a liquidar conquistas históricas de los trabajadores. El gobierno sería consciente de que no es solo mostrar estadísticas más positivas, sino que la sociedad perciba mejoras efectivas y aquí no hay seguridad alguna. Frente a la debilidad de la economía optaría por centrar la campaña sobre su capacidad de gestión. No otra cosa que imponer sus condiciones en cuestiones decisivas tanto coyunturales como estratégicas:

-Paritarias
El gobierno pretende que se discutan teniendo como base su meta de inflación para el año. Se plantea entonces una discusión que tiene dos aristas: por un lado el gobierno imponiendo negociar salarios según la inflación futura hace “pelito para la vieja” con la pérdida del poder adquisitivo del año pasado estimada en 4,6 puntos por el Indec, en 6,5 por Cifra-CTA y hasta en 8 puntos según otros cálculos. Por otro lado sobre la inflación esperada, máximo de 17 por ciento para el gobierno y hasta un 25 para estimaciones privadas queda por ver cuánto impactarán los aumentos anunciados esta semana.
Provincia de Buenos Aires hizo un anticipo de esta política. Según lo firmado con algunos sindicatos el techo para estatales sería del 18 por ciento, en cuatro cuotas más el ajuste ante posibles desfasajes. Ahora, el gobierno nacional busca imponer el mismo esquema con los docentes de todo el país, con el agravante de que se elimina la paritaria nacional, por lo que las provinciales tendrán techo pero no piso.

-Reforma laboral
El gobierno está avanzando en la negociación de un paquete de reformas que buscan bajar costos a las empresas. Ya logró instalar la necesidad de hacer modificaciones en los convenios colectivos y en el sistema de riesgos del trabajo, busca bajar la judicialización pero no avanza en la prevención, para lo que tiene consenso político y colaboracionismo de la cúpula sindical de la CGT. El conjunto de medidas incluye una nueva reducción de los aportes patronales a la seguridad social junto con una moratoria o blanqueo para los empresarios que exploten trabajadores en negro; modificaciones a la ley de regularización del trabajo no registrado, incluyendo que las multas o dobles indemnizaciones que correspondan no se abonen a los trabajadores sino que se depositen en un fondo, cuyo destino está en discusión. Para completar la rebaja de costos a las empresas se impulsará que todas aquellas personas que perciban un plan con contraprestaciones laborales puedan ingresar a un trabajo formal, siendo el subsidio estatal parte del salario (traducido: mano de obra barata).

-Acuerdos y tensiones
El gobierno cuenta a su favor los acuerdos alcanzados con la CGT y con algunos de los principales movimientos sociales. Acuerdos impensados para un gobierno que expresa el programa del conjunto de las clases dominantes. El costo no le ha resultado demasiado gravoso: reintegrar en cómodas cuotas los fondos retenidos por el Estado que corresponden a las obras sociales y hacer concesiones a los movimientos que implican costo fiscal y una suerte de institucionalización.
Sin embargo la continuidad de la crisis, la percepción de que el futuro no augura mejoras sustanciales, la nueva tanda de despidos y suspensiones, la apertura de las importaciones, la no reglamentación de la Ley de Emergencia Social, la negativa del ministro de Trabajo a recibir a los trabajadores gráficos de AGR (una empresa del grupo Clarín) y a declarar la conciliación obligatoria han obligado a la CGT a salir de su inmovilismo. Tomándose el tiempo suficiente para negociar ha convocado una marcha para el 7 de marzo y un paro general, probablemente para la segunda quincena del mismo mes, tensionando así la relación con el gobierno.

Las paritarias de bancarios (*) y docentes y el conflicto en AGR se convierten así en casos testigos, de cómo se resuelvan impactará sobre el conjunto. Se avecinan fechas claves: el 6 de marzo es posible que no se inicien las clases, el 7 será la marcha al Ministerio de Producción, el 8 el paro internacional de mujeres y el 13 una marcha de los movimientos sociales, aunque no está claro el objetivo, fechas que pueden preparar y fortalecer el paro general y decidir el curso de luchas a futuro. Constituir un frente que contenga a todas las tendencias obreras y sindicales sin sectarismos ni exclusiones, que rodee de solidaridad activa a todos los conflictos y que trace una línea defensiva debe ser la prioridad de todos quienes estén dispuestos a enfrentar esta estratégica ofensiva del capital y su Estado.

Eduardo Lucita, integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).

(*) Este artículo fue escrito antes de que se levantara el paro bancario de 72hs.




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