26 de enero de 2017

Territorial

Quilmes: Lo que dejó la intervención municipal sobre la venta ambulante

A dos días de que las autoridades hayan irrumpido con las fuerzas uniformadas de todos los crisoles y jurisdicciones sobre la calle Rivadavia, en la intersección con la Avenida Yrigoyen, poco se sabe sobre el futuro de los manteros y esas fuentes de trabajo, que de por sí implican ya una precariedad laboral absoluta y que quedan en un nuevo debe de la gestión Molina. Por Pablo Esquivel para El Caminante


Y ya es un hecho. Al menos por ahora, Rivadavia, en el pasaje que une a las calles Yrigoyen y San Martín, en el corazón de la ciudad, es zona libre de manteros.

Lo que se trataba de un reclamo de parte de un sector variopinto de la ciudadanía (donde se incluían puesteros "formales", transeúntes, dueños de locales de la cuadra y varios otros etcéteras) se convirtió en realidad y desde el lunes a la mañana 42 efectivos y un promedio de cinco patrulleros de la Policía Local y de cinco motos del Grupo de Apoyo Departamental, ubicados sobre la esquina de San Martín (puerta de Coppel), son el paisaje frecuente para todo aquel que desafíe el calor y quiera hacer sus compras en la peatonal.

Desde el área de Fiscalización y Control Comunal, con Gustavo Ponce a la cabeza y su subsecretario Pablo Fernández, en trabajo conjunto con la secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Quilmes, donde se hizo presente el subsecretario, Adrián Cassino, fueron contundentes en sus declaraciones de los días previos: impidiendo la venta en la vía pública se recuperaría el espacio público.

La ola de "desmontes" (no son los desmontes, ya sin comillas, de la Ribera de Bernal que ocurrieron en julio del año pasado que le valieron el puesto al entonces Secretario de Servicios Públicos de Martiniano Molina, Oscar García, pero bien puede acuñarse aquí este concepto) sobre la venta ambulante y la actividad de los manteros tiene un derrochero veloz, potente, poco dubitativo y categórico. Desde la represión en Once, pasando por la operativos similares que se realizaron sobre la Av. 844 en San Francisco Solano en los últimos días y los que luego se realizarán en la Plaza de la Estación y la zona oeste de la ciudad, el mensaje es el mismo: el espacio público es lo primero.

Pero si algo está en primer orden de prioridades significa que los gobernantes de turno le asignan una jerarquía mayor que a otros problemas sociales que se relacionan con lo que se busca solucionar. Y por ende al no atenderlos, no se soluciona nada en cuestión.

A la claridad con que los funcionarios han declarado que pondrían todo su empeño y fuerzas en despejar esos cien metros de "ferviente discordia social" con todo el peso del aparato policial, poco y nada se ha correspondido la información que de cuenta de una política de reubicación de los manteros, cómo se garantizarían las fuentes de un trabajo que de por sí es precario y autogenerado de forma espontánea (cabe destacar que un tercio de la población trabajadora en nuestro país se encuentra en esta situación marginal en términos laborales) y mucho menos acerca de las condiciones que debería garantizar el estado municipal para que se pueda avanzar hacia una actividad productiva formalizada, generando un circuito comercial con nuevas ubicaciones, que se muestren como alternativa para un municipio que siendo tan vasto solo concentra en pocos puntos los espacios para comprar ropa y diversas mercaderías.

Se procedió sin titubear a decomisar las pertenencias de los vendedores "ilegales", se han secuestrado tablones, sillas (¡y hasta un cofre!). Mientras tanto solo se está en proceso de estudio de políticas públicas que den cuenta de una realidad que se les desborda a los actuales y a los pasados funcionarios, esto puede afirmarse porque la situación de la venta precaria en las calles cada vez fue más en aumento en lugar de disminuir.

Mientras el gobierno de Martiniano Molina siga sin dar respuestas claras en torno a este flagelo social, que deja de rehenes ya no a algunas personas que quieren tener un poco más de lugar para caminar o a los vendedores "legales" que detectan en los manteros el principal "enemigo comercial", y el mal a erradicar para que sus ventas repunten (olvidando que cayó un 7% el consumo en el 2016 en Argentina, producto de la recesión económica, la distribución regresiva de la riqueza social, la acuciante inflación y la enorme suba de tarifas de servicios en detrimento de los sectores trabajadores), sino a familias enteras que se quedan sin su fuente de trabajo, lo que se anuncia con bombos y platillos solo será un caldo de cultivo para un mayor margen de miseria y desigualdad.

Los pocos feriantes que se agazapaban con sus cosas durante estos dos días (incluyendo a grupos de senegaleses), esperando no ser vistos por los uniformados para vender su mercadería en las calles paralelas de Yrigoyen y San Martín, reflejan una cosa: solo con la política expulsiva y represiva el problema seguirá estando allí. No se puede tapar el sol con la mano.




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