17/01/2017

Brutal: de acuerdo a un funcionario macrista el mercado laboral es similar a comer y cagar

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Dossier| Eliminación de las retenciones a las petroleras, aumento en el precio de la nafta. Flexibilización laboral. Repaso por los principales conflictos sindicales del interior y la Ciudad de Buenos Aires. Aeronáuticos: salarios en línea con la inflación. Acuerdo en Educación y nuevos «aprietes”. El Ministerio de Trabajo desconoce sindicatos. Recortes presupuestarios en Educación, Desarrollo Social y Salud. Por Mario Hernandez


De regreso de sus vacaciones, el presidente Mauricio Macri presentó el martes pasado un proyecto para bajar costos en la explotación del yacimiento Vaca Muerta que busca ver replicado en todos los sectores de la economía. Centrado en los intereses de los inversores, eliminó las retenciones de las petroleras, oficializó un aumento en el precio de la nafta y planteó un proceso de flexibilización laboral del sector.

En referencia a los gremios que apoyaron la medida e hicieron concesiones, dijo el Presidente que «tuvieron la capacidad de entender que abriendo esta puerta no solo se garantizaba el empleo de los trabajadores que tenían, sino que podía ampliarse esa familia”. Aunque los gremios fueron los que más cedieron, es falso que el acuerdo frenará los despidos: a sabiendas de ello, las empresas ni siquiera lo han asegurado en el convenio que acaban de firmar.

Algunos de los cambios más significativos son los siguientes: 1) eliminación de las «horas taxi” por las cuales la jornada laboral se consideraba iniciada cuando el trabajador salía de su domicilio; 2) reducción de la cantidad mínima de operarios por pozo; 3) jornada laboral de 8 horas para operación y mantenimiento de pozos, de lunes a viernes, en reemplazo de la actual, que incluye fines de semana y feriados con salario por lo menos duplicado, y eliminación de horas extra; 4) incorporación de tareas nocturnas a la jornada regular; y 5) la operación a nivel de superficie continúa normalmente sea cual fuere la velocidad del viento y en altura se suspenderá al superarse una velocidad de 60 kilómetros por hora, por encima del límite de 30 km que rige en la actualidad.

La contracara de este convenio negrero es un paquete de beneficios excepcionales a los monopolios gasíferos y petroleros: entre ellos, un precio garantizado del gas de U$S 7,50 la unidad calórica. La ecuación macrista es clara: otorgarle a las petroleras un precio del gas tres veces superior al internacional, y reducir una tercera parte el salario de los trabajadores petroleros. En esa línea, el gobierno dispuso un nuevo aumento en el precio de las naftas. Así, el gobierno de la «eficiencia” colocará a los combustibles líquidos un 15% por encima del precio promedio mundial.

Mientras tanto, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, se comprometió a no aumentar ni crear nuevos impuestos.

Las modificaciones permiten que el capital para entrar en Vaca Muerta sea un 10% menor que antes del acuerdo y los gastos operativos disminuyan un 30%.

El presidente Mauricio Macri catalogó al acuerdo como «revolucionario”, con la intención de ubicarlo como una señal hacia al sector petrolero en particular y para todo el arco empresario en general. «Acuerdos de este tipo necesitamos en todo el país en todos los sectores”, dijo.

En el Ministerio de Trabajo confirmaron que hay una mesa de negociación con varios sectores para avanzar en los cambios en los convenios. Uno, en torno a la industria audiovisual, otro rubro es la lechería. Para Trabajo «el convenio contempla sueldos muy altos con sus respectivas cargas sociales” que atentan contra la supervivencia de los tambos. Con la construcción buscan que se fijen nuevas pautas por productividad. Finalmente, se viene hablando del plan de reconversión de empresas radicadas en Tierra del Fuego.

Estos primeros pasos del Gobierno para reducir derechos de los trabajadores en favor de las empresas, se verían completados con el borrador del Proyecto de reforma laboral que se redacta por estas horas en el Ministerio de Trabajo que tiene cinco títulos que incluyen, entre otros puntos, el fomento a la contratación de personas que estén recibiendo algún plan social, un régimen especial de contribuciones patronales para los empleadores monotributistas, la reducción de aportes personales y contribuciones («blanqueo laboral”), y un sistema nuevo de prácticas «formativas” que reemplazará a las pasantías.

Para el secretario de Empleo, Miguel Ángel Ponte, el sistema laboral debería contratar y despedir trabajadores con la naturalidad del «comer y descomer” del organismo humano, tal como describió en una entrevista radial.

«Dicen que serán leyes para generar puestos de trabajo para jóvenes, pero lo que harán es precarizar el empleo y generar apertura para que los que ingresen reemplacen a los que tienen trabajo estable y con Convenio Colectivo. Esta película ya la vimos, es el neoliberalismo en marcha y sabemos que la precarización no crea empleo», advirtió el líder del gremio de estaciones de servicio. Acuña avisó: «La CGT no va a permitir esto. Vamos a ir al Congreso para impedirlo». En la misma línea, Pablo Micheli, de la CTA Autónoma, avisó que las reformas laborales «no sirvieron de nada» en el pasado reciente y que su aplicación «sólo benefició a los sectores concentrados de la economía y llevó a la situación de diciembre 2001». Hugo Yasky, líder de la CTA-T, cuestionó los dichos de Ponte: «El secretario de Empleo dijo que debería ser natural ‘descomer’ trabajadores. Cagarlos. No recuerdo haber leído una barbaridad semejante».

Mediante un comunicado, los trabajadores aceiteros también expresaron su preocupación «ante los anuncios realizados por el gobierno nacional de avanzar con una serie de medidas tendientes a profundizar la flexibilización y precariedad laboral, incluyendo la restauración de la metodología de pasantías y la baja de contribuciones patronales, que se suman a otras como la incorporación de cláusulas de productividad en los Convenios Colectivos de Trabajo, la reforma del régimen de Riesgos de trabajo y la destrucción de la Justicia laboral”. Asimismo, aseveran que sólo se podrá enfrentar esta «batería de anuncios flexibilizadores” mediante «la unidad de acción del movimiento obrero, con la herramienta fundamental de la huelga y un plan de lucha que lo sostenga”.

Por el interior

Luego de volver el jueves 12, a las medidas de acción directa -corte de las rutas 34 y 56 en los ingresos a San Pedro y La Mendieta-, el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza (SOEA-CTA), firmó un acta con representantes del Ministerio de Trabajo de Jujuy, consiguiendo el pago del salario adeudado de diciembre 2016, pago de vacaciones no gozadas al personal temporario y pago del Artículo 49 del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 12/88. Tras la firma del acta, los trabajadores azucareros decidieron en asamblea acatar la conciliación obligatoria que había dispuesto el Ministerio de Trabajo y Empleo. El gobierno garantizó la fuente de trabajo y el pago de los sueldos de todos los trabajadores hasta que se venda el ingenio a un privado. La lucha de los trabajadores obtuvo el compromiso de que no habrá despidos y solo se irán los compañeros que voluntariamente deseen hacerlo por razones particulares. También se arrancó el compromiso de recibir la entrega de ropa de trabajo y leche que les estaban adeudando en esta semana y la compensación por los días caídos.

El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (SIPRUS-Fesprosa), se movilizó al Nodo Salud en Rosario el jueves pasado en reclamo por el descuento de los días de paro realizado desde el gobierno de Santa Fe.

«Estamos denunciando que los descuentos han sido discriminatorios, que violan el derecho de huelga. No entendemos cómo un gobierno que se dice socialista y progresista, cuando tiene un sistema de salud que está en crisis; con centros de salud que se inundan y a los que tarda dos horas en llegar una ambulancia para trasladar a un paciente, como nos pasó la semana pasada con una compañera que terminó en terapia intensiva; con guardias de hospitales como el de zona norte con ratas; lejos de prestar atención a los reclamos de los trabajadores en relación a las condiciones de trabajo y salariales, se dedica a perseguirlos”, expresó el Secretario Gremial del Consejo Directivo Provincial del Siprus, Diego Ainsuaín.

El domingo 7, luego de seis meses en que se respetó la ley del «Descanso dominical», tuvieron sus puertas abiertas las cadenas de supermercados Coto, Carrefour y Jumbo, pero los rosarinos, al menos en las primeras horas, no acompañaron la reapertura más allá de las importantes ofertas con las que los empresarios intentaron atraerlos.

Alpargatas anunció que bajará las cortinas en su fábrica de zapatillas en Villa Mercedes, San Luis, y cerrará su línea de calzado en la planta ubicada la localidad bonaerense de Florencio Varela.

La apertura importadora, la caída del mercado interno y los aumentos de costos son los argumentos esgrimidos por la empresa de capitales brasileños al despedir 150 trabajadores sobre una plantilla de 3.600 empleados. El resto de las ocho plantas que la firma tenía paralizadas desde diciembre, de producción de calzado e indumentaria deportiva, retomarán su actividad el 26 de enero.

En el último mes y medio, en la provincia de San Luis, cerraron cuatro fábricas y otra despidió a 84 operarios, dejando a más de 500 trabajadores sin trabajo. Las plantas puntanas de Herzo, proveedora de la indumentaria deportiva Puma; Cerámica San Lorenzo; Georgalos y la mencionada Alpargatas cerraron sus puertas. Por su parte, Metalmecánica, del grupo Tenaris, realizó fuertes ajustes.

A fines de noviembre, la planta de Herzo, radicada en la localidad de Concarán, a 150 kilómetros de San Luis que producía calzado, indumentaria y otros artículos para Puma, anunció su cierre dejando en la calle a 194 operarios.

En las vísperas de la Navidad, la empresa Metalmecánica -controlada por Tenaris, del Grupo Techint-, que produce varillas de bombeo para la industria del petróleo y el gas y ocupa a 600 trabajadores, despidió a 84.

En los primeros días de enero, la fábrica de golosinas Georgalos cerró su planta ubicada en el parque industrial de Villa Mercedes, radicada allí desde mediados de la década de los «˜80. La planta será trasladada a la provincia de Córdoba para abaratar costos.

Ni bien comenzado enero, la fábrica de Cerámica San Lorenzo también cerró su planta y dejó sin trabajo a 140 empleados, más un grupo de tercerizados. En julio ya habían suspendido por 30 días a más de 120 trabajadores por la caída en la demanda. En Santa Cruz, ATE (estatales) marchó el jueves 12 hasta la Casa de Gobierno en reclamo del pago del sueldo de diciembre, que la provincia anunció que comenzaría a pagar, pero solo en el sector de salud.

En lunes pasado se produjeron momentos de tensión cuando un corte protagonizado por trabajadores desocupados del Sitraic que reclamaban el ingreso a los puestos de trabajo en la obra pública -como se acordó recientemente con las autoridades de Vialidad Nacional- fueron rodeados por un numeroso grupo de unos 100 integrantes de la Uocra que acudieron al lugar para desmantelar la medida de lucha.

Los hechos tuvieron lugar a 15 kilómetros de Caleta Olivia frente a los portones de la empresa CPC encargada de realizar las obras de la construcción de la Autovía Caleta-Comodoro y la Circunvalación urbana de esta ciudad. La empresa lleva empleadas unas 80 personas de 240 trabajadores necesarios para desarrollar las obras, sin embargo hasta el día de hoy se niega tajantemente a incorporar la mano de obra de la ciudad de Caleta Olivia que en su mayoría se encuentra vinculada al Sitraic. La empresa CPC pertenece al grupo de Cristóbal López quien heredó la obra pública abandonada por Lázaro Báez. Como su antecesor, Cristóbal López redobla la alianza con la Uocra para garantizar un esquema de negocios libre de conflictos sindicales. Se trata de la misma Uocra que le concedió a Báez más de un año de exención de aportes y que luego allanó el camino para su retirada dejando un tendal de miles de despidos en la construcción.

La situación de los obreros de la construcción recrudece frente a la escasez de la obra pública, a lo que ahora se le agregan unos 300 despidos frente a la detención de la obra de las represas hidroeléctricas sobre el Río Santa Cruz después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara la suspensión de la obra civil hasta que sea finalizado el Estudio de Impacto Ambiental.

Desde la UOCRA alertaron que si «el Gobierno no gira los fondos a la brevedad, despedirán para el 31 de enero a los casi 600 trabajadores que aún prestan servicio”.

Asimismo, presentará en el Ministerio de Trabajo un recurso administrativo pidiendo que dicte la conciliación obligatoria y se reincorpore a los despedidos. Además, prevé el corte de ruta que lleva al obrador y también habrá movilizaciones en Río Gallegos.

En Santiago del Estero -en sintonía con la caída del rubro textil durante todo 2016- la empresa brasileña de sábanas y toallas COTEMINAS ARGENTINAS S.A. despidió a trabajadores de su planta luego de haber recurrido a reducciones horarias durante los últimos meses.

Según un comunicado del Ministerio de Producción de Santiago, los despidos en Coteminas se extienden a 70 trabajadores, otras fuentes hablan de un número mayor que estaría entre 200 y 300 trabajadores.

Un informe elaborado por el CONICET, FLACSO y distintas universidades nacionales, determinó que desde diciembre de 2015 fueron desplazados 14.925 trabajadores solo en el rubro textil, mientras que detallan a Coteminas como uno de los casos paradigmáticos en reducciones, suspensiones, reducción horaria y demás acciones junto a Broderie Suizo Argentina, Hilados I y II, TN Planex, Guilford, Unisol -perteneciente a Puma- y Felsom, entre otras. El informe asegura que «El sector se ha visto seriamente afectado por la caída del consumo local y la apertura importadora, con 3.205 despidos y 11.720 suspensiones”.

Como parte del paro provincial el pasado miércoles, en La Plata los trabajadores de la CICOP realizaron una acción en el centro de la ciudad -7 y 50- para denunciar y visibilizar el vaciamiento de la salud pública. «No hay insumos, como por ejemplo los medicamentos para los pacientes oncológicos y de HIV, además de falta de aparatología y de medicamentos en general”, plantearon.

Además denuncian la falta de personal y los cierres de las salas en varios hospitales, como la sala del Quemado en el Hospital San Martín de La Plata «es parte de la privatización encubierta, ya que buscar tercerizar la atención de pacientes a clínicas privadas”.

Los trabajadores del Astillero Río Santiago, ubicado en la localidad bonaerense de Ensenada, aprobaron en asamblea general el aumento salarial del 39,3% acordado con el gobierno bonaerense.

«A este acuerdo se le suma el período 2017, que radica en un incremento trimestral sujeto a una cláusula gatillo de ajuste automático según el índice inflacionario” por lo que «la paritaria del próximo año quedó abierta”, informó la Comisión Interna del astillero.

La Legisladora Patricia Jure (Neuquén) denunció: «En pocos días la provincia de Neuquén está sufriendo una ola de despidos hormiga y masivos. En especial se registran despidos masivos en la actividad económica que aseguran será una «revolución del trabajo», como es la industria hidrocarburífera. Allí están los despedidos de Schlumberger y Halliburton, y otras empresas para demostrarlo. Pero además la minera Trident a quien el gobierno le adjudicó las minas de la ex Andacollo Gold, acaba de despedir a 64 obreros mineros, casi la mitad del plantel».

El viernes, luego del acto en las puertas de la Casa de Gobierno, una delegación de obreros petroleros despedidos se reunió con el Subsecretario de Trabajo, José Seguel. El funcionario luego de escuchar las denuncias sobre la violación empresaria a la conciliación y las leyes laborales, convocó a una reunión el lunes, en la sede del organismo.

El triste panorama se repite en varias provincias. Según el relevamiento realizado por el Conicet, Flacso y tres universidades nacionales: los despidos alcanzaron a 192.917 personas entre diciembre de 2015 y noviembre pasado. Las suspensiones sumaron 39.369 casos en el mismo período. En el sector metalúrgico se registraron 16.364 despidos, en el textil 14.925; en el automotriz 9.160, en electrónica y electrodomésticos 7.377; en alimentos y bebidas 6.913; en petróleo 5.692; en energética, 4.012; en frigorífica, 2.869; en calzado 2.088, en neumáticos, 1.994; en materiales para la construcción, 1.766, y en autopartes, 1.514.

En la Ciudad de Buenos Aires

Ante el vaciamiento de trabajos que han desviado a otras plantas gráficas, el desplazamiento de insumos, lo cual incluye 16.000 bobinas de papel que han trasladado a depósitos externos, y otra serie de maniobras de vaciamiento que está desplegando el Grupo Clarín en su planta gráfica de Pompeya, por unanimidad, los centenares de obreros gráficos de Artes Gráficas Rioplatenses reunidos en asambleas, votaron una vigilia de 48 horas en la puerta de la fábrica el fin de semana y que en caso de que la empresa avance en el plan anunciado de reducción de personal responderán con un paro por tiempo indeterminado.

Alfonso «pegó el portazo» dejando en la calle a dos mujeres trabajadoras del Ministerio de Hacienda. Deberá ser tarea del recién llegado Nicolás Dujovne atender de manera urgente el reclamo de los trabajadores por su reincorporación. El caso de Romina es grosero. No exageramos si decimos que se le niega su continuidad laboral por ser mujer y madre, ya que la auditora María Eugenia David du Mutel de Pierrepont, designada recientemente por Prat Gay, decidió no renovarle su contrato por utilizar el lactario -un derecho consagrado en normativas internacionales-, y por hacer uso de licencias por familiar enfermo establecidas en el convenio (es mamá de un niña de un año). Así, a Romina se le adjudica una supuesta baja productividad por realizar jornada reducida por lactancia.

Mayra, por otro lado, es delegada de ATE MECON y organizó su sector en contra de los despidos que Prat Gay efectuó en 2016. Asimismo, es delegada paritaria en la Comisión de Condiciones y Medioambiente de Trabajo (CYMAT). Los funcionarios se valieron de sumarios truchos (¡sin una sola prueba!) para desvincularla y amedrentar a los y las trabajadoras del Ministerio de Hacienda.

El pasado jueves 12, se realizó una nueva radio abierta y concentración en las puertas del Ministerio por la reincorporación de ambas.

Los trabajadores que integran la Junta Interna de ATE en el INDEC calcularon la pérdida salarial de los estatales, producto de la inflación, que afectó fundamentalmente a los productos de la canasta alimentaria, servicios y vestimenta. La conclusión es que la diferencia actual entre el salario que cobran y la pérdida producto de la inflación es de $25.956,59. Este dato revela que el bono de fin de año, en cuotas, no alcanza para recuperar la pérdida del poder adquisitivo.

Otra estimación, y ésta alcanza al conjunto de los trabajadores del país, es la denominada «Canasta de Ingresos Mínimos”, que ya se hizo habitual desde la Junta Interna y que se realiza desde que el anterior gobierno decidió intervenir el INDEC para manipular las estadísticas. La actualización de esta canasta fue estimada en $ 21.208,46.

Aeronáuticos: salarios en línea con la inflación

Luego del paro del lunes 9, se llegó a un acuerdo salarial en Latam Argentina del 44% de incremento, incorporando la inflación del 2016.

El incremento a partir de enero será del 35%, pero para el bolsillo alcanzará el 44% porque no se le aplican descuentos patronales hasta noviembre del 2017 que luego se compensarán con un bono. Además, el mes próximo se pagará un bono de $ 2.000 para cada tripulante de cabina y un adicional del 2% por antigüedad.

En diciembre, Aerolíneas Argentinas negoció un 35% para los principales sindicatos. También hubo bonos y beneficios que en algunos casos llegaron al 49%. Estas sumas no remunerativas serán tenidas en cuenta para el cálculo de los dos medio aguinaldos de este año.

Acuerdo en Educación y nuevos «aprietes”

Autoridades del Ministerio de Educación y gremios llegaron finalmente a un acuerdo en el conflicto por despidos en esa cartera que incluye la reincorporación de 200 de los 400 cesanteados y la continuidad de los más de 2.000 tutores de cursos de capacitación virtuales a docentes.

Así lo confirmaron los gremios de estatales ATE y UPCN y los docentes de CTERA, luego de las negociaciones que tuvieron lugar con las autoridades de la cartera educativa.

Paralelamente, la casa del referente de ATE en el Ministerio de Educación, Rodrigo Recalde, fue asaltada el jueves pasado en horas de la tarde. El hecho sucedió mientras Recalde participaba de una reunión con las autoridades del Ministerio por los 3.000 despidos en esa cartera. Hace apenas una semana los delegados del gremio recibieron amenazas de muerte.

Al mismo tiempo, un auto blanco no identificado se estacionó frente a la casa del Secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, y el único hombre a bordo del vehículo tomó fotografías de la fachada de su vivienda. Esto sucede apenas un mes y medio después del sugestivo asalto a ese mismo domicilio en el barrio de Parque Avellaneda, en el que sólo faltaron pertenencias simbólicas de sus hijos y la computadora personal del dirigente. A pesar de la denuncia penal, realizada ese mismo 24 de noviembre, y de haber hecho público el acontecimiento, no hubo ningún avance en la investigación ni existió contacto de parte de las autoridades del Gobierno.

El Ministerio de Trabajo desconoce sindicatos

Desde la cartera a cargo de Jorge Triaca, se resolvió la acefalía de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA) desde el día 13 de Junio de 2015, a la vez que declararon la ineficiencia jurídica del proceso eleccionario de renovación de autoridades que se llevó a cabo en marzo de 2015, el cual consagró como autoridades a los miembros de la única lista que participó de los comicios. Por su parte, desde la FEIA, calificaron la intervención dispuesta por el Ministerio de Trabajo, como «una decisión política muy avasallante, dado que fue una elección celebrada en tiempo y forma, con lista única, sin oposición, con unidad y en la presencia de una Escribana Pública que constató el acto y las firmas”. Juan Correa, quien se desempeña como Secretario General de la FEIA, destacó la legitimidad del proceso electoral y el amplio grado de consenso que caracterizó al mismo, a la vez que manifestó su preocupación por el futuro de la Obra Social del Personal de la Industria Azucarera (OSPIA). «El proceso eleccionario se realizó sin objeciones de ningún tipo y contó con el aval y la participación de 10 de las 11 filiales adheridas a la FEIA, además de la presencia de una Escribana Pública. Ahora, el día viernes 6 de enero nos llegó la resolución del Ministerio de Trabajo en la cual se resuelve la intervención de la Federación. Justo en medio de la feria judicial y en instancias previas a un acto eleccionario de la Obra Social”, manifestó Correa, quien además explicó que para la renovación de autoridades en la Obra Social se requiere de la Certificación de Autoridades emitida por el Ministerio de Trabajo de la Nación. «Hoy estamos a punto de perder una Obra Social que nos costó muchísimo esfuerzo levantarla. Mientras la FEIA está por salir de un concurso, después de 17 años, y OSPIA cuenta en la actualidad con 30.000 afiliados directos y 60.000 beneficiarios a nivel nacional, sucede esto. O nos quieren intervenir la Obra Social (porque la Obra Social es consecuencia de un acto eleccionario de la FEIA), o la quieren hacer desaparecer a la Federación como institución gremial a nivel nacional, no sabemos qué pensar. Nosotros vamos a ir a la Justicia Federal, porque acá se está violando la voluntad de los afiliados adheridos a nuestra federación”, manifestó el dirigente sindical.

En el marco de un largo conflicto en las centrales nucleares manejadas por Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa y funcionarios del gobierno nacional, comenzaron a difundir su desconocimiento a la representación gremial del Sindicato que tiene 29 años de historia y cuenta con Personería Gremial N° 1669.

El Secretario General de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, estuvo en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate y expresó su solidaridad con la lucha de los trabajadores de Atucha I y II y su rechazo a la actitud empresaria y gubernamental.

Según contó en una conferencia de prensa, se comunicó con el Ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, quien le contestó «que esto correspondía al Caso Orellano”. Vale recordar que de dicho caso se valió la Corte Suprema para pronunciarse sobre la potestad del derecho de huelga, restringiendo la capacidad de convocatoria de la misma a los sindicatos con personería gremial o simplemente inscriptos.

Pronunciamiento a favor de la elección de delegados

El pasado 26 de diciembre la Justicia Laboral, en un contundente pronunciamiento, dejó en claro que la Asociación Docentes de Educación Media y Superior (ADEMyS) tiene derecho a convocar a elecciones de delegados declarando la nulidad de las disposiciones del GCBA que no reconocían las elecciones de sector efectuadas por Ademys. Además, el pronunciamiento de la Justicia Laboral, ordena la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por el GCBA a la ADEMyS por los constantes actos de violación a la libertad sindical contra el sindicato, condenando al GCBA a pagar $ 50.000. Por otra parte, el fallo hace lugar a la querella de práctica desleal planteada por Ademys y sanciona al GCBA con una sanción pecuniaria en virtud del desconocimiento perpetuado. La sentencia deja en claro que la Libertad Sindical es un derecho humano fundamental que se encuentra consagrado en todos los tratados de Derechos Humanos fundamentales, y que Ademys no puede ser discriminada a la hora de convocar a elección de delegados, por resultar dicha discriminación una violación a la libertad sindical en sus facetas individuales y colectivas.

Recortes presupuestarios en Educación, Desarrollo Social y Salud

El gobierno de Mauricio Macri comenzó el 2017 anunciando en el Boletín Oficial un fuerte ajuste sobre diversas dependencias estatales. Fueron afectados los Ministerios de Educación, Obras Públicas y Desarrollo Social. La cartera de Educación, a cargo de Esteban Bullrich, sufrió un recorte de 3.031 millones de pesos en el Programa «Mejoramiento de la Calidad Educativa».

Por otro lado, el programa que más sufrió el tijeretazo fue «Acciones para Más Escuelas, Mejor Educación», su área fue disminuida en 3.162 millones de pesos. El proyecto era parte del Ministerio del Interior y Obras Públicas, comandado por Rogelio Frigerio y contaba con la asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, también sufrió un ajuste significativo, a partir de la decisión oficial de reducir 466 millones de pesos que iban a destinarse al Programa de Ingreso Social con Trabajo. Además, el Tesoro Nacional recibió un cercenamiento en su prepuesto con el recorte de 5.497 millones de pesos que eran parte de un fondo reservado exclusivamente a asistencia social.

La sumatoria de los cuatros recortes llegan a los 12.156 pesos que ya no serán de las partidas designadas a áreas muy sensibles como educación y sectores vulnerables.

«¿Cuánto puede cambiar la salud de los argentinos en un año de gestión?, se titula el informe que la Fundación Soberanía Sanitaria dio a conocer, tras analizar la gestión macrista en su primer año de gobierno.

 En los primeros meses de 2016 y con una epidemia de dengue en ciernes, resultó alarmante la parálisis y el vaciamiento de algunos programas de abordaje territorial que realizaban campañas de prevención y actividades de descacharrización. Se desmanteló la Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores, responsable de llevar adelante los planes de prevención y control del dengue, zika, chikungunya, mal de Chagas y leishmaniasis.

 Argentina Sonríe, programa que utilizaba tecnología de última generación para producir y proveer prótesis odontológicas a las personas de bajos recursos, también fue paralizado al comienzo de la gestión y finalmente derogado en octubre de 2016.

 El año pasado fue marcado por la peor epidemia de gripe desde la pandemia producida por el virus influenza H1N1 en el año 2009. Hasta octubre fueron notificados cerca de 900.000 casos de enfermedades tipo influenza en todo el territorio nacional, siendo que entre abril y junio el número de casos superó ampliamente la cantidad esperada generando una importante epidemia. Hasta principios del mes de octubre ya se habían registrado 283 fallecidos con diagnóstico de influenza en el país.

 Otro programa fuertemente afectado fue el de Salud Sexual y Procreación Responsable: a fines de 2015 fueron canceladas todas las actividades de capacitación y gestión generadas por esta área. El programa fue uno de los que más sufrió recortes de personal por parte de la gestión del Ministerio de Salud, siendo desarticuladas completamente las áreas de Diversidad Sexual y Fertilidad.

 Se registró una «inexcusable demora en la adjudicación de una licitación pública para la compra de preservativos y geles lubricantes, iniciada en septiembre de 2015. Al demorar cerca de 13 meses para concluirse, desabasteció a todo el sistema público de salud del país de este imprescindible insumo para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual como el SIDA”.

 El programa REMEDIAR, que realiza la compra y distribución de medicamentos esenciales a los más de 7.000 centros de atención primaria de la salud de todo el país, sufrió una reducción de un tercio de sus tratamientos en el año 2016. El Banco Nacional de Drogas Oncológicas, responsable por la compra y entrega de drogas oncológicas o citostáticas a los bancos de drogas o programas provinciales, «también fue gravemente afectado por el nuevo rumbo que está tomando la política de medicamentos, dejando de entregar varios tratamientos a los pacientes con cáncer”, agrega el documento.

 En materia de VIH/SIDA también se puede observar una disminución significativa en las compras de medicación antirretroviral.

 La actual gestión del PAMI decidió sacar de su vademécum varios medicamentos provistos por este organismo y cortar la subvención del 100% a otros.

 El Estado abandonó de manera abrupta la regulación de precios de los medicamentos realizada anteriormente por la Secretaría de Comercio. «Los efectos de esta decisión no tardaron en aparecer: el 85% de los medicamentos de mayor demanda local aumentaron más que la inflación.

La conclusión del informe da cuenta de la pésima gestión de Jorge Lemus, el cuestionado Ministro de Mauricio Macri. «Lo expuesto hasta aquí es un recorrido de lo que fue apenas un poco más de un año de la gestión Cambiemos al frente del Ministerio de Salud de la Nación. Suficiente para generar algunos resultados que llegan a ser calamitosos para la salud pública en Argentina y representando un claro retroceso en la perspectiva de la salud como un derecho”.

Fuentes: www.elsubmarinojujuy.com.ar, Clarín, Página 12, Tiempo Argentino, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Anred, Red Eco Alternativo, APU, www.diariobae.com, www.ambito.com, www.po.org.ar, www.rosarioplus.com, www.lacapital.com.ar, www.sitraic.org, www.luzyfuerzazarate.org.ar, www.agenciacta.org



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