Paraguay: policías balearon a niño en Guahory
Campesinos de la comunidad de Guahory, departamento de Caaguazú, Paraguay, denunciaron que el pasado sábado efectivos de la Policía Nacional, antimotines y del Grupo Especial de Operaciones (GEO), con el apoyo de carros hidrantes, irrumpieron en el asentamiento junto con colonos brasileños y tractores con la intención de realizar trabajos de siembra en el lugar en litigio. Por E´a
Las familias que fueron desalojadas están resistiendo en la sede de la escuela Virgen de Fátima, que se encuentra entre las parcelas reclamadas por los brasileños, por lo que durante el operativo los intervinientes avanzaron sobre el predio con el fin de derrumbarlo. Ante la oposición de las mujeres a que la escuela donde asisten sus hijos sea destruid, la policía reprimió a las manifestantes, resultando herido un niño de dos años por un impacto de balín de goma cerca de los ojos.
«Un grupo de 20 mujeres se interpusieron al convoy policial y de civiles brasileños que acompañaban la comitiva cuando llegaron a la Colonia Guahory con la supuesta intención de quemar una iglesia y un centro educativo. Tras el conflicto, un menor de dos años salió herido”, reportó el sitio RTV.
El 15 de setiembre pasado, más de mil efectivos policiales ingresaron a Guahory para desalojar a 200 familias. El operativo fue criticado por varios sectores, incluso en el Parlamento, por su extremada aparatosidad y desmedida violencia. Los campesinos denunciaron además saqueos a sus pertenencias, destrucción de cultivos y matanza de sus animales.
Se denunció además que el desalojo fue financiado por los colonos brasileños, que habrían pagado 200.000 dólares para el operativo, que tuvo el apoyo de un helicóptero de la Entidad Binacional Yacyretã. Tras el procedimiento el gobierno de Horacio Cartes justificó esta medida y premió con un ascenso al comisario Luis Pablo Cantero Vázquez, quien encabezó el operativo.
El propio Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) reconoció que muchas familias campesinas desalojadas ya han realizado el pago por sus tierras, pero funcionarios del ente duplicaron títulos y vendieron los mismos inmuebles a productores brasileños. A pesar de que no se dirimió aún por la vía judicial la legalidad o no de los títulos de los colonos extranjeros, las familias campesinas fueron expulsadas de las tierras que ocupan hace unos 25 años en un procedimiento encabezado por los fiscales Alfredo Mieres y Alfirio González.