La memoria necesaria: Juicio a la Fuerza de Tareas 5
El lunes 13 de julio de 2015 comenzó el juicio a la Armada por el secuestro, asesinato y desaparición de trabajadores de la zona de Ensenada, Berisso y La Plata. A continuación compartimos una crónica de la sexta jornada de audiencias, y una reseña histórica enmarcada en los años oscuros de dictadura, genocidios y violaciones a los derechos humanos sistematizados en Argentina.
Por La Retaguardia* y ANRed. /Fotos: Eva Genise.
Durante las décadas del «˜60 y del «˜70 [1], esta región experimentó grandes movilizaciones, caracterizadas por justos reclamos sociales y sindicales. La organización y la unidad de la clase trabajadora estaban consolidadas. Abundaban las asambleas, las medidas de fuerza, los paros, las tomas de fábricas. Los trabajadores y trabajadoras reclamaban mejoras de las condiciones laborales y la entrada en vigencia de los convenios colectivos de trabajo.
En junio del 1975, trabajadores de ARS (Astillero Río Santiago), Petroquímica Mosconi, Propulsora Siderúrgica y Swfit, junto a otros de otras fábricas, sumados a trabajadores docentes, no docentes y municipales, protagonizaron el histórico «Ensenadazo”. Unos 10.000 trabajadores y trabajadoras marcharon desde Ensenada hasta La Plata reclamando contra las políticas económicas del ministro de economía de Isabel Perón, Celestino Rodrigo; y por la homologación de la ley 14250, al grito de «14250 o paro nacional”.
Congregados en la sede de la CGT local, fueron brutalmente reprimidos. Días después, como consecuencia de las medidas de fuerza en todo el país, renunciaron Rodrigo y López Rega, y los trabajadores consiguieron los convenios.
Las burocracias sindicales, encabezadas en ATE Nacional por Juan Horvat, en ATE Ensenada por Juan Carlos Marín [2], en la UOM por Rubén Diéguez, se opusieron a la combativa organización de los trabajadores y colaboraron con la estructura represiva desplegada por la Fuerza de Tareas 5. Horvat, cabeza de la lista Azul y Blanca de ARS, quien mantenía estrechas relaciones con el titular de Defensa Tomás Vottero y con el Capitán de Navío Enrique Carranza, presidente de AFNE (Astilleros y Fábricas Navales del Estado), no movió un dedo por los más de 42 desaparecidos, 10 asesinados y 200 presos políticos de la fábrica.
La elección de cuerpos de delegados combativos, la creación de Coordinadoras de Gremios en Lucha, con base obrera, contra la burocracia sindical adicta a las patronales, los trabajadores dispuestos a luchar por sus derechos, supusieron una amenaza a los privilegios de las clases propietarias, las que ostentan el poder político y el poder económico. Para suspender las conquistas de los trabajadores e imponer el sistema económico que hoy padecemos, recurrieron al genocidio.
En la zona portuaria del Río de La Plata, las fuerzas represivas que actuaron, fueron principalmente la Armada y Prefectura a través de la denominada Fuerza de Tareas 5.
El lunes 13 de julio comenzó un juicio que tiene como imputados a sólo 8 genocidas por 40 casos. Dato no menor si se considera que, en esta zona, hubo cientos de detenidos, desaparecidos y asesinados, y funcionaron cuatro centros clandestinos de detención (CCD) dependientes de la Armada: Liceo Naval, Hospital Naval, Prefectura Naval y Batallón de Infantería de Marina Nº3 (BIM3).
La mayoría de los acusados actualmente goza el beneficio de la prisión domiciliaria: Antonio Vañek, Comandante de Operaciones Navales; Juan Alberto Errecaborde, Comandante de Fuerza de Tareas Nº5; Juan Carlos Herzberg, Director de Liceo Naval; José Fernández Carró, Comandante del BIM3; Carlos Schaller y Luis Roca, Jefes de Prefectura Naval Puerto La Plata; y Eduardo Antonio Meza, oficial de Prefectura.
El único represor detenido del grupo es Roberto Eduardo Fernando Guitián, Jefe de Operaciones e Inteligencia del BIM3, alojado en la Unidad 31 de Ezeiza. Tomás Osvaldo Méndez (oficial de Prefectura) y Antonio Mocellini (segundo Comandante del BIM3) murieron impunes este año antes de llegar al juicio. La tardanza del Estado les impedirá responder por esos crímenes.
Aquí ofrecemos una crónica que desarrolla la audiencia VI, del lunes 24 de agosto de 2015
Durante la sexta audiencia, hubo dos testimonios por Ricardo Alberto Nuez, obrero de Astillero Río Santiago (ARS) y militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), hoy desaparecido, el de Elsa Gómez, quien en la incansable búsqueda de Ricardo fue testigo del secuestro y traslado a Prefectura de J. C. Blasetti y el de Tania Nuez, integrante de HIJOS La Plata, cuya palabra dio cuenta de lo que precedió al genocidio dirigido contra los trabajadores organizados y del carácter sistemático, coordinado, planificado entre el Estado, sus fuerzas represivas, la burocracia sindical, la colaboración civil y las empresas.
Además, brindó su testimonio Beatriz Horrac, trabajadora de Propulsora Siderúrgica (Grupo Techint), quien reunió su fe y la militancia por los pobres y por ello fue secuestrada; Julio Machado, obrero de ARS e integrante de la lista Celeste que padeció graves consecuencias económicas por su secuestro y fue torturado; Elda Lois, testigo de la masacre del abogado Pampillo y su compañero; Silvina Arias y Mariela Sanders, por sus padres respectivos, obreros ambos de ARS, secuestrados y asesinados.
Primeras voces de una búsqueda incansable y el recuerdo de una lucha presente
La audiencia comenzó con el testimonio de Elsa Noemí Gómez, pareja de Ricardo Alberto Nuez. Elsa, luego de su secuestro, lo buscó incansablemente. Demandó por él en comisarías, recorrió las calles y los sitios donde podía extraer alguna pista. No lo encontró, pero sí fue testigo del secuestro de Juan Carlos Blasetti y de su traslado a Prefectura. También contó que el comisario de Ensenada, apellidado Paladino, vecino del barrio, liberó la zona para que chupen gente y colaboró con los secuestros.
Luego escuchamos a Tania Anahí Nuez, hija de Ricardo Alberto Nuez, por quién brindó su testimonio. Su padre era trabajador del ARS y militante del ERP. Fue secuestrado por la Armada el 31 de julio de 1976 en su casa de Ensenada. También buscaban al bebé (a Tania) que estaba en casa de su tía.
Tania narró la historia de los grandes conflictos en la región y las movilizaciones sociales que exigían mejores condiciones laborales, las cuales precedieron el genocidio.
Rememoró el «Ensenadazo”, donde 10.000 trabajadores y trabajadoras marcharon desde Ensenada hacia La Plata y luego fueron brutalmente reprimidos. Y el atentado a la fragata Santísima Trinidad [3]. En ese tiempo, los trabajadores estaban sometidos a la vigilancia y las fábricas intervenidas: un destacamento del Batallón de Infantería de Marina Nº3 (BIM3) estaba en ARS. Recordó que en el «™75, Enrique Carranza era Jefe de Fragata y Juan Carlos Marín [4] integraba la Comisión Directiva de ATE Ensenada. Se había consolidado una organización de los trabajadores a la cual se oponía el sindicato burócrata. En efecto, la lista Celeste, conformada por delegados de base, fue aniquilada: sus integrantes secuestrados y asesinados.
La militante además, resaltó que en ARS por cada tres trabajadores, había uno de la Marina. Se refirió a Matilde Itzigsohn, la única mujer desaparecida en ARS, como también al secuestro y tortura de Ana María Nievas y de otros delegados a los que Juan Carlos Marín delató y acusó de montoneros en una comisaría de Ensenada. También contó que en el año 1976 asesinaron a un jefe de Seguridad de ARS, a lo cual respondieron con el secuestro de seis trabajadores y el asesinato de cinco de ellos. Señaló, además, la responsabilidad del peronista López Rega y la Triple A en los asesinatos que precedieron al golpe.
Finalizando su testimonio, Tania Nuez, luego de haber reconstruido la historia de su padre, que es la historia de lucha de miles de trabajadores desaparecidos, denunció que innumerables víctimas no sean consideradas hoy por la Justicia y que la irregular dilatación de los procesos judiciales hace que mueran impunes los genocidas y sin reparación las víctimas.
En relación a lo anterior, acusó el vigente proceso de banalización de los centros clandestinos de detención (CCD) y al ex jefe del Ejército César Milani [5], quien no le ha rendido cuentas al pueblo por su colaboración con la dictadura. También se refirió a la desaparición de Jorge Julio López [6], a punto de que se cumplan nueve años del hecho.
De Ricardo Alberto Nuez no se conoce su paso por ningún CCD y hoy continúa desaparecido. Por este crimen, y de forma parcial, está acusado en este juicio sólo el Comandante de la FT5, Juan Alberto Errecaborde, quien es imputado sólo por el secuestro de Ricardo Nuez. El resto de la cadena de mandos naval y de Prefectura están impunes por decisión de la Justicia.
Propulsora, otra fábrica apuntada por la dictadura
La audiencia continuó con el testimonio de María Beatriz Horraz, detenida el 5 de abril del «˜76 en su lugar de trabajo. Era secretaria de Gerencia en la planta de Propulsora Siderúrgica (Grupo Techint).
En aquellos días, la empresa estaba intervenida por los militares y las fuerzas de seguridad pedían documentos a los trabajadores. No le dieron ninguna explicación, pero esas personas vestidas de civil la esposaron, la encapucharon y la subieron a un coche.
Supone que estuvo en el BIM3. Reconoció la voz de María Adela Barraza, a quien conocía de la parroquia desde la cual servía a los pobres y hacían tareas sociales. Sufrió simulacros de fusilamiento, tortura por submarino y otras agresiones. Contó que había también una chica embarazada.
En abril la trasladaron a Olmos, junto a María Adela. Fueron torturadas e interrogadas. Los secuestradores le confesaron que hace tiempo vigilaban las actividades de la parroquia. Mientras tanto, sus padres la buscaban, y en ocasión de esta búsqueda interpusieron habeas corpus. Luego la trasladaron a Devoto, donde vio trabajadores fabriles y delegados gremiales hacinados. Finalmente, fue liberada en 1980.
Siguieron vigilándola e incluso intentaron atropellarla. Comprobó que de la parroquia había siete desaparecidos y ya no hacía actividades sociales. «La comunidad parroquial fue desaparecida”, dijo. Recordó sus nombres, compañeras y compañeros: Susana Larrubia, secuestrada en 1976 y desaparecida, cuya hija nació en cautiverio; Eduardo Ricci, del grupo universitario, desaparecido; Héctor Federico Baccini, cura, desaparecido; Diego Arturo Salas, en el 76 también desaparecido; entre otros.
De los que estaban del otro lado, nombró a Monseñor Plaza, figura clave en la coordinación del genocidio en la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, pese a que se sabía que había sido detenida, la empresa dejó de considerar sus aportes desde el momento de su detención.
María Beatriz finalizó su relato leyendo una carta de Susana Larrubia destinada a su papá y escrita en cautiverio. En esa carta, Susana repasa brevemente la histórica dependencia del pueblo y los históricos intereses extranjeros. Le dice que su fe cristiana es inseparable del servicio a los pobres. También relata la persecución que sufrió por ello. Consciente de que habría muertos, finalmente manifiesta su confianza en que «llegaremos, porque es lo mejor para el bien de todos”.
«Luchábamos porque fuera una fábrica que manejaran sus trabajadores”
Escuchamos después el relato de Julio Alberto Machado, trabajador de ARS, secuestrado por la Marina el 25 de marzo del 76 en su casa. En presencia de su familia, lo encapucharon y lo subieron a un micro, que seguió levantando personas, hasta Prefectura. Le quitaron la capucha y lo obligaron a ponerse contra la pared con los brazos extendidos largo tiempo «La tortura empezó ahí”, señaló. Alguien le dijo a otro, ambos de Marina, «a este lo conocemos, labura con nosotros; y bueno; si cayó, cayó”.
Luego lo trasladaron, cruzando el río, a la Escuela Naval. Coincidiendo con muchos otros testimonios en este juicio, contó que sufrió simulacros de fusilamiento y fue golpeado y hostigado. Le exigieron nombres de trabajadores compañeros y lo interrogaron por Córdoba, apodado «El Hermano” por su fe cristiana evangélica. Contra Córdoba se encarnizaron. Era candidato, junto a él, por la lista Celeste. Luego de un par de días, lo trasladaron a la base de la Marina que estaba en ARS. Y después hasta Unidad 9. Vio a los hermanos Aguirre, a Niselsky y a otros trabajadores de ARS.
Respecto de las consecuencias de haber sido secuestrado, dijo que «fuimos maldecidos por lo que nos hicieron”. Además de que la empresa le impidió recuperar su trabajo, muchos compañeros tuvieron que trabajar de albañiles o de cartoneros. Reclamó por los actuales impedimentos a la jubilación, pues no le reconocen ni a sus compañeros ni a él sus aportes. El despido y el secuestró implicó dejarlo fuera del circuito laboral y despojarlo del sustento vital. Por último, dijo: «Luchábamos porque fuera una fábrica que manejaran sus trabajadores”.
La memoria, muchas voces en un mismo relato
Siguió el testimonio de Elda Mabel Lois, testigo del asesinato de Pampillo y su compañero, quienes tenían su estudio jurídico en el mismo edificio en el que vivían ella y su marido.
A la pareja de Pampillo le habían dado un día para exiliarse con sus hijos. Los ascensores habían sido detenidos por orden de los que asesinarían a los muchachos. Gente vestida de civil, sin identificarse jamás, subió las escaleras, mientras afuera esperaban algunos vehículos. Se comentaba que Pampillo había interpuesto algunos hábeas corpus. Escuchó los tiros. La sangre marcaba las escaleras del 4to piso, donde estaba el estudio. Y señaló que los tiros que destrozaron el estudio fueron disparados desde afuera hacia adentro. Desde adentro hacia afuera no hubo un solo disparo.
Luego escuchamos el relato de Silvina Natalia Arias, brindando su testimonio por su padre, quien trabajó en ARS desde el año 62 hasta marzo del 76; mes en el que fue despedido por razones de seguridad (al igual que tantos otros) poco antes de su secuestro, en junio. Durante ese tiempo sin trabajo estable hacía changas, arreglando heladeras junto a un amigo. Era integrante de la lista Celeste. Previo a su secuestro, en el 74, lo habían detenido por quemar una bandera yanqui y le habían hecho una causa por antiimperialista.
Tenía un amigo, apodado «Turco”, al que una vez dijo: «Turquito, nos tenemos que ir porque están levantando compañeros”. En esa conversación mencionó a Peláez. Y ya habían asesinado a un compañero. Esa fue la última vez que el Turco vio al padre de Silvina. Lo secuestraron esa noche de junio del 76. También fueron secuestrados Arriola, Becker, Cardinale, Héctor García, Luciano Sanders. Sólo Becker sobrevivió: los otros 5 fueron asesinados.
Posteriormente, desde la Comisaría 2nda, citaron a su familia. Debían reconocer el cuerpo. Les dijeron que lo habían encontrado en el Camino Negro, Punta Lara. Estaba golpeado y quebrado. Al parecer, lo habían arrojado desde un helicóptero. El velatorio se hizo en su casa. Pero amenazados: recibieron varias llamadas diciéndoles que los iban a matar.
Silvina además contó que al Turco le dijeron que debían irse porque había listas negras que el sindicato había entregado a la Marina [7].
Becker, el sobreviviente, cuenta en su declaración que los llevaron en coches, los tiraron en la caja de una camioneta, los ataron de pies y manos y los llevaron luego a un sitio arbolado, donde se escuchaba el tren y el sonido de ametralladoras. Le dijeron que se salvaría porque debían matar a 5. Lo liberaron después. ¿Por qué 5? Becker dijo que los indagaron sobre el atentado a la fragata Santísima Trinidad. Y que tenía que ver con el famoso 5×1 de Perón. Sólo que al revés. Les dijeron que «por 1 de nosotros, morirán 5 de ustedes”. Había muerto el capitán Bigliardi.
Silvina denunció los despidos, sin indemnización, de los trabajadores de ARS; la imposibilidad de jubilarse de muchos compañeros que estuvieron secuestrados; las víctimas que han quedado fuera del juicio, como su padre, que no es caso. Por otra parte, reivindicó la figura de «Cachorro” Godoy, por haberle dado trabajo cuando intentó ingresar al ARS. Y recordó, además, que la lista Celeste registra la mayor cantidad de secuestrados.
«Un estruendo de puertas, perros, personas”
Por último, escuchamos a Mariela Sanders, quien testimonió por su padre, Luciano Sanders, obrero de Astillero Río Santiago (ARS) y asesinado junto a 4 compañeros. Ingresó a la empresa en el año «˜54. Fue delegado y luego secretario de ATE. Pertenecía a la lista Azul y Blanca. Durante su tiempo de militancia, sufrió amenazas y persecuciones. En 1974 intentaron secuestrarlo, pero pudo escapar. Por las reiteradas amenazas, con su familia vivía en casa de otros familiares, obligados a esconderse. El 24 de marzo se llevaron a varios compañeros, entre ellos Nievas. Intentando hacer algo por ellos, habló con Juan Horvat, secretario nacional de ATE, quien le dijo que no podía ayudar a nadie.
En junio del 76 fueron a buscarlo. «Un estruendo de puertas, perros, personas”. A la madre de Mariela la pusieron contra la pared. A la habitación de Mariela entraron 4 personas encapuchadas. Uno de ellos le apuntaba la cabeza con una ametralladora. Tomaron a su padre y se lo llevaron. Nunca más volvió a verlo.
Denunciaron su secuestro en la Comisaría 1ra. Les dijeron que no se preocupe, que sería por un tiempo. Al otro día, su tía le informó que lo habían encontrado muerto, junto a otros, en el Camino Negro. «Vi fotos de los cuerpos, vendados, con sus brazos atados con alambre”. Alguien que pasaba por ese lugar vio que los arrojaron desde un helicóptero. Mariela contó que su papá no tenía un solo hueso sin quebrar. Tenía 12 balazos y había sido torturado.
Luego de cerca de dos meses de la muerte de su padre, la despertó el timbre de su casa durante la madrugada: alguien, agarrado de las rejas, gritaba que lo dejaran entrar porque estaban persiguiéndolo. «Mi mamá le dijo que se fuera. Ella decía que querían probar si dejábamos entrar a alguien, si protegíamos a alguien”. Recordó, finalmente, que durante dos años un auto vigiló la casa.
Notas:
*Agrupación Universitaria de la UNLP.
[1] Luego también en la década del «˜90 contra las privatizaciones.
[2] Marín actualmente ejerce el cargo de secretario de Finanzas del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE. También es candidato a vicepresidente por ese centro en la seccional Ensenada por la lista Blanca de ATE Ensenada.
[3] Tanto el «Ensenadazo”, como el atentado a la fragata sucedieron en el año 1975.
[4] De diversos testimonios en este juicio se desprende que Juan Carlos Marín actuó de colaboracionista durante el genocidio: delató a trabajadores y asistió a represores. En ese tiempo formaba parte de la Comisión Directiva de ATE Ensenada; actualmente es secretario de Finanzas del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE.
[5] Poco tiempo antes de su renuncia por «motivos personales”, César Milani evitó responder por la desaparición del hijo de Nora Cortiñas, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo. Por otra parte, una presentación masiva de hábeas corpus de diversas organizaciones exigió que respondiera por la desaparición del estudiante y conscripto tucumano Alberto Agapito Ledo, quien era asistente del militar.
[6] Hay contabilizadas 214 desapariciones políticas bajo gobiernos constitucionales.
[7] Casi todos los testimonios en este juicio han señalado la complicidad entre la burocracia sindical y los represores.